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Martes, 31 Enero 2017 10:40

El taller del negro

Por
Foto: Gentileza de DiarioLaVentana.com
Por Silvia Marcet 
@silviamarc_ 
El testimonio de #ManuelaFernándezMendy me sacudió de principio a fin. Me hizo temblar de horror y sentir frío. Luego asocié su mensaje, su alegato final, la columna vertebral de su experiencia con algo que viví hace pocos años.

Iba camino al trabajo. Distraída, hice lo que no debía. Contesté un llamado a mi celular. No vi de donde salió, pero en un segundo estaba completamente acostada en el piso por causa del empujón y la posterior presión con que me sostuvo un chico que, supe después, quería robarme el teléfono. Grité porque pensé que muchos reaccionarían. Error.

Estaba en plena vereda de la fábrica de juntas para motores Taranto -Pasaje Jorge Newbery, a metros de calle España, 9 de la mañana- y los cincuenta hombres que estaban tras la reja, trabajando, observaron la escena como si fuera una más de una serie de Netflix. El ladrón estaba acompañado por otro, ambos en bicicletas. Esto pude saberlo cuando se alejaron. En el momento solo intentaba entender qué palabras me gritaban sin parar.

La teoría, los años, la experiencia, lo leído, lo escuchado, todo se torna insustancial en ese momento en que uno es como un animal tratando de medir el repentino cambio de escenario y de buscar la más eficaz vía de escape. Por suerte o causalidad, solo fue un robo menor - ni el bolso se llevaron-. Pero el pánico me duró semanas y jamás volví a caminar por allí.

Sí tengo que "agradecer" el legado de un estado de alerta y un radar más agudo para percibir expresiones faciales, posturas y comportamientos de posibles agresores callejeros. Y no hablo desde prejuicios, sino de experiencias tan reales como fueron los posteriores eventos de los que me salvé por "sospechar" con cuadras de anticipación.
Pero sin duda, la prenda más duradera y amarga es la sensación de desamparo. ¿Por qué tuvieron que tirarme al piso si podían arrebatar el celular de un solo golpe? ¿Por qué se ensañaban durante largos segundos si ya tenían lo que querían? Conjeturo que debo haber intentado correr.

Y la pregunta: ¿por qué no reaccionaron los múltiples testigos? ¿Por qué no hubo un grito, un gesto, un golpe con una herramienta sobre cualquier superficie, una acelerada de auto... algo?

A metros del lugar fluyen cada día cientos de personas, autos, taxis, remises, colectivos de línea rumbo al Centro Cívico. Personas que se bajan de ambulancias y camionetas ayudando a otras que van a ser atendidas en la Clínica Mercedario, policías que ayudan a convalecientes, médicos, vecinos, abogados, secretarios, dueños y clientes de quioscos y negocios, parientes, chicos que esperan el ómnibus en esa misma esquina. Todo un mundo de heridos que arrastra lentamente sus dolores rumbo a la ART cercana.

Precisamente desde el centro de salud colindante con Taranto me llegó este dato: más del 60% de las rehabilitaciones de manos, dedos y/o brazos que realizan sus traumatólogos tienen como causa el robo o intento de arrebato de carteras. ¿La mayoría de las víctimas? Mujeres.

Pasado el momento del robo, entré hasta donde pude en el patio de la empresa. Me miraban como si fuera menos novedosa que un perro husmeando por comida. Ni una palabra, menos aún un gesto. Les grité por qué no hicieron siquiera un ademán de reaccionar y qué pensaban al ver a una mujer totalmente tendida en el piso frente a dos adolescentes violentos. El cerrado silencio me hizo pensar en una política empresarial, escrita o no.

Los que pasaban por esa misma calle, parecían estar detrás de un muro dimensional.

Pensé en armar más escándalo, en ir a hablar con más personas, publicar, hacer algo, pero las ganas de llegar a mi casa a refugiarme fueron más fuertes.

No faltarán los chistes sobre el estricto objetivo del asalto. "Silvia ya no se cuece al primer hervor" , dijo un ex jefe muchos años antes del episodio en cuestión. En tren de típico humor micromachista, asequible tanto para el salón como para la ofi. ¿La razón? En el grupo de pasantes era efectivamente la más entrada en años. Tenía la friolera de 24. Y yo me reía con el grupo: jajaja. Un chiste más.

Entonces pienso en todas las mujeres y las niñas. Porque pensar en uno siempre es más fácil. Pero el problema es que hay otras. Y otros.

Pienso en lo que me dijo una vez una profesora sobre un de intento de rapto perpetrado por tratantes de personas, justo en las calles de nuestra mismísima ciudad de San Juan: en la Justicia Federal de Mendoza nos asesoraron muy bien, contó.

Siempre doy rienda suelta a estas conversaciones. Creo que pueden ser constructivas en múltiples sentidos. Que las famosas redes, ahora llamadas de "sororidad" o - para saltar el cerco del género, del grito solidario del barrio: "¡se incendia el taller del negro!" (Made in Argentina, 1987)- tienen que servir para mucho.

- ¿Existe algún patrón, algo que uno pueda saber para protegerse?, pregunté.
- Los especialistas nos explicaron: son cazadores, operan como tales: buscan presas fáciles, distraídas, frágiles y en horarios en que la ciudad está más adormecida, contestó.
Las gacelas más lentas de la manada, pensé.
Me sentí reconfortada por tener algo para usar, para contar. Me animo a asegurar que, al menos una vez en la vida, todas las mujeres hemos pasado por un momento similar. Y más de uno también. Pero la calma me duró un instante. Cuando mi hija sea adolescente los cazadores serán infinitamente más sagaces. Y entonces: ¿quién nos dará un dato tranquilizador? Y buscando, recordé: "en horarios en que la ciudad está más adormecida".

El problema no es solo la presa fácil que se distrae bebiendo agua del charco. Es la economía, estúpido. Es el miedo, es el cuidarse. Y reservar las energías para correr cuando aparezcan Garfunkel y Vanucci meta blin blin y armas de guerra.

Habrá que ver a qué temperatura se cuecen los que no se juegan por algo que no reditúe para su estricto metro cuadrado.

Me siento indignada por la falta de solidaridad, no ya de justicia. Pero también esperanzada con la posibilidad de que podamos comprender que la única manera de vencer al abuso contra cualquier parte débil de nuestra sociedad es metiéndose, siendo parte activa y no testigos mudos, cómplices del mal ajeno.

Guardo escondida una esperanza humilde, como dice el tango, sobre este tiempo de cambios: que no se dé un paso atrás en la conciencia lograda y que sí queden cercados hasta languidecer los chistes que contribuyen con cualquier tipo de bullying y los miles de arroyuelos de indiferencia que engordan el río del abuso contra toda porción débil de la sociedad.
Analistas calculan que la suba será de un promedio del 40 por ciento. Se mantendrán la tarifa social y beneficios para las pymes.

El Gobierno pondrá en marcha mañana una nueva ronda de aumentos en las tarifas de servicios públicos, una de las decisiones políticas que le trajeron mayores dolores de cabeza al presidente Mauricio Macri el año pasado. Para evitar esos problemas, el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren , tomó algunos recaudos. Por caso, los incrementos serán sustancialmente inferiores a los del año pasado, y fueron anunciados con antelación.

Hoy, Aranguren informará acerca de los alcances del nuevo ajuste, que regirá desde mañana, en una conferencia de prensa. Si bien puede haber modificaciones, en diciembre del año pasado el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, difundió en una audiencia pública las expectativas del nuevo incremento. Sostuvo que la factura de un hogar promedio en el Gran Buenos Aires, en torno de los 300 kWh/mes, costaría desde el mes próximo un 36% más, por lo que llegaría hasta los $ 490 (el año pasado, para quien tenía subsidio, los aumentos rondaron entre el 300% y el 500%).

Energía dispondrá diversas alternativas para moderar el impacto de las subas en ciertos consumidores. Por caso, mantendrá la tarifa social, que llega a cuatro millones de hogares y consiste en un bloque gratuito de energía que las familias de menores recursos pueden consumir sin pagar. Esa porción se cubre con subsidios del Estado.

También habrá bonificaciones para quienes ahorren electricidad. Energía no explicitó ayer si aplicará modificaciones con respecto al régimen que estaba en marcha.

Unas 700 pequeñas y medianas empresas electrointensivas tendrán bonificaciones. Se trata de una iniciativa conjunta entre Energía y el Ministerio de Producción, que maneja Francisco Cabrera. Fuentes cercanas al funcionario explicaron que aún no se terminaron de definir los beneficios, los plazos y las condiciones del programa para este año. Para acceder a esos beneficios, lascompañías deben comprometerse a tomar medidas que mejoren su eficiencia energética.

El Gobierno intentará que las provincias colaboren en esa iniciativa garantizando la estabilidad tributaria y asegurándose de que no aumente el precio del servicio de distribución.
De Marchi y Olivera, dos represores
condenados, se fugaron y ahora
volvieron a la celda donde pagarán
su condena. 
Fue apresado por personal de la Policía Federal en la casa de su ex esposa. Estaba escondido dentro de un auto. Gustavo De Marchi, quien se fugó con él en 2013, ya había sido encontrado antes.

Jorge Antonio Olivera, un ex represor que se había fugado del Hospital Militar el 25 de julio de 2013, fue detenido esta tarde por la Policía Federal en la casa de su ex pareja, en San Isidro. Los efectivos encontraron a Olivera escondido dentro de un auto, en el garaje de la vivienda.

Olivera se había escapado junto a Gustavo de Marchi, otro ex acusado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. Este último había sido detenido en Almagro en diciembre de 2015.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los seguimientos mediante escuchas telefónicas detectaron que Olivera podía estar en la casa de su ex mujer.

El juez Claudio Bonadio hizo lugar al pedido del fiscal Franco Picardo para allanar el lugar, donde fue encontrado.

Olivera, ex teniente de Inteligencia, y De Marchi, ex teniente del Ejército, se fugaron cuando estaban bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Hasta allí habían llegado desde San Juan para realizarse estudios médicos.

El Tribunal Oral Federal de San Juan había condenado a Olivera a prisión perpetua y a De Marchi a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

Los familiares de Olivera tenían los teléfonos intervenidos y en una de las últimas conversaciones se detectó una charla en clave que podía sugerir que el represor estaría en la casa de su ex mujer. Ante esto, el fiscal Picardi, a cargo de la investigación, pidió el allanamiento del lugar.

Hasta allí llegó esta tarde la Policía Federal, y encontraron la cama matrimonial utilizada y ropa de hombre. Los oficiales comenzaron a revisar toda la casa y encontraron a Olivera escondido en el auto que estaba en el garaje de la casa.

El represor no opuso resistencia y será puesto a disposición del Tribunal que lo condenó y del SPF. Por la fuga están procesados una decena de ex directores y jefes del SPF, entre ellos quien era su titular en 2013, Víctor Hortel.


Por E. Simón
@simondixit
La historia que ya se vivió en San Juan se replica en Catamarca, en los poblados de Fiambalá y Tinogasta, donde los vecinos resisten a la minería transnacional y piden ayuda a todos los medios del país para que se sepa lo que sucede. Crónica de una contaminación anunciada.

Vecinos de diferentes pueblos de Catamarca, soportan la calamidad que ya vivieron los habitantes de Jáchal en San Juan. La megaminería a cielo abierto sigue siendo un látigo en la mano de los poderosos que continúan dando vía libre al saqueo y a la contaminación. La codicia y la ambición por las riquezas de la tierra ha enceguecido a las empresas que poco y nada cuidan del medio ambiente. En Argentina, la Ley de Glaciares (ley 26.639) sigue siendo letra muerta, al menos en San Juan y también en Catamarca.


Tres Quebradas (3Q)
Uno de los conflictos a tener en cuenta es lo que se suscita en Laguna Verde, cercana a la explotación de litio que realiza la minera canadiense Neo Lithium, con su proyecto Tres Quebradas (3Q).

Se trata de un proyecto que abarcaría unos 15 kilómetros de longitud por unos 3 kilómetros de ancho. Con la ejecución de 3Q, se violaría un sitio Ramsar protegido internacionalmente. En esa zona se hallan los volcanes más altos de América, como el Pissis de 6.882 metros sobre el nivel del mar, y el volcán Ojos del Salado, de 6.864 metros sobre el nivel del mar. La zona comprende las Lagunas Aparejos, Las Tunas, Azul, Negra, Verde y Tres Quebradas. La Laguna Aparejos es sitio de nidificación de la Parina Grande, más conocida como flamenco andino o rosado.

Esa laguna está situada sobre un área natural protegida. En esa región habita una especie en extinción, el flamenco andino. Algunos ejemplares ya aparecieron muertos a causa de las tareas de exploración que ya se realizan en las proximidades de Laguna Verde.

El Gobierno de Catamarca ha dado el aval y la compañía ya puede diseñar y operar pozas de evaporación piloto, como así también montar laboratorios necesarios, armar campamentos permanentes y semi-permanentes, y finalizar el programa perforatorio que comenzó en 2016 y terminaría en 2017. La empresa tiene previsto seguir con trabajos exploratorios adicionales y desarrollar el proyecto 3Q, una verdadera pesadilla para los habitantes de la zona.



El mapa muestra la cercanía del
proyecto minero con las lagunas
y el pueblo.
Una minera foránea detrás de la explotación
La empresa minera canadiense Neo Lithium y su representante en Argentina, Liex S.A., emprendió el proyecto de litio Tres Quebradas, situado en las cercanías de Laguna Tres Quebradas. Según explicaron vecinos agrupados en Asamblea El Algarrobo, de Catamarca, la multinacional estaría violando el subsitio Sur Ramsar, donde se encuentran las lagunas altoandinas, poniendo en peligro a una valiosa especie en peligro de extinción, tal el caso del flamenco andino.

Además, la minera está explotando sobre glaciares, periglaciares y la cuenca del río Abaucan, desde el cual se abastecen todas las poblaciones del departamento Tinogasta.

Los asambleístas hicieron un "desesperado llamado de auxilio" a través de las redes sociales, "puesto que se está poniendo en peligro la vida, destruyendo majestuosos paisajes y lugares sagrados de las antiguas culturas aborígenes". Es el caso del Monte Pissis, el segundo volcán más alto del mundo, un importante descubrimiento del origen de los estromatolitos encontrados en las lagunas altoandinas. "Necesitamos que esta angustiante situación se difunda", piden los habitantes de la zona, sin embargo, los medios nacionales han guardado un sospechoso silencio.


Fiambalá resiste ante el proyecto Tres Quebradas
Según informó diario El Esquiú, hace poco, un grupo de ambientalistas cortaron la Ruta Nacional Nº 60, a la altura del paraje Guanchín, en Fiambalá. La medida se tomó para protestar contra el campamento del proyecto de litio Tres Quebradas, argumentando que el mismo "no cuenta con licencia social".

La empresa Liex S.A., a cargo del proyecto minero, dio a conocer que quedó formalmente inaugurado el campamento que explorará la zona y analizará la factibilidad económica.

Monte Pissis, Tinogasta, Catamarca.
Desde la agrupación Autoconvocados por la Vida, sostuvieron que, "la cuenca de la salina de la Laguna Verde se encuentra en cercanías del Monte Pissis, ícono del turismo de aventura de Catamarca y de fama internacional". Al tiempo que explicaron que "es un Sitio Ramsar, es decir un sistema de humedales en el que viven unas 14 especies de aves migratorias". En esa zona anida el flamenco rosado, especie muy preciada y en peligro de extinción.

El Gobierno de Catamarca autorizó a realizar actividades de exploración de litio en toda esa zona, contemplando la construcción de huella de ingreso al salar, el campamento, las perforaciones y los piletones.

Por su parte, el presidente de Liex S. A., Tomás DePablos, dijo estar muy orgulloso "de encabezar una nueva generación de empresas que invierten en campamentos que tienen un impacto casi cercano a cero en el ambiente”.


Un amparo para frenar la locura imperial
Tal como lo dio a conocer diario El Ancasti, los asambleístas Autoconvocados por la Vida, de Tinogasta, anunciaron que presentarán un recurso de amparo ante la Justicia local para frenar los trabajos de exploración en el proyecto minero de litio Tres Quebradas que se está realizando en una zona cercana al Monte Pissis, hasta que se defina la cuestión de fondo.

"Esperamos que la Justicia esta vez no empiece a patearlo como al amparo que se presentó por Las Higueritas, que se excusó y lo mandó a la Corte Suprema, que lo devolvió diciéndoles que la competencia era local y hasta el día de hoy, después de 8 años, un amparo que debe resolverse como una medida precautoria por la cual todavía no hemos tenido respuestas", aseguró  el bioquímico Roberto Lovera. Los asambleístas Karina Olmos y Pablo Romero también coincidieron en que el manejo de la información otorgada a la sociedad no ha sido la correcta.

Por su parte, el jefe del Centro de Control Minero Ambiental de Tinogasta, Eric Quiroga, sostuvo que los ambientalistas están planteando un recurso de amparo que se basa en la protección de aéreas naturales. "Yo creo que eso merece un estudio previo. Se tiene que comprobar si es que hay fauna, qué tipo de animales; si hay un estudio de impacto negativo debe existir un estudio previo para darle forma a ese pedido”, señaló Quiroga.

Buscando favorecer a la minera, como es costumbre en fucionarios argentinos, Eric Quiroga indicó que en la etapa de exploración "no se necesita de la licencia social”, porque lo único que se requiere es que la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera dé una autorización para la etapa. "A la licencia social se la necesita cuando empieza una etapa de explotación, o sea que falta otra etapa para recién hacer eso", dijo, y aclaró que a esa licencia social no la tienen que dar 4 ó 5 personas, sino toda una comunidad.


Crónica de una contaminación anunciada
La empresa no tardará en hacer lo que seguramente perjura no sucederá nunca: derramar líquidos peligrosos que contaminen el medio ambiente. Así sucedió con Barrick Gold en San Juan. Así sucederá en Catamarca con Neo Lithium.
Así nos va.

Fuente: Asamblea El AlgarroboEl Ancasti y El Esquiú
El Gobierno oficializó la medida a través del Boletín Oficial. Establece una regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país. En esta nota se explica cuáles son sus principales puntos.

Publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó cambios en la Leyde Migraciones (ley N° 25.871), mediante el decreto 70/2017 firmado por el presidente, Mauricio Macri.

La medida se expide con el objetivo de acortar los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales. Según fuentes oficiales, hasta ahora los procesos duraban entre 6 y 7 años.

"La necesidad de trabajar incesantemente en el perfeccionamiento del orden normativo migratorio adquiere especial importancia frente a fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional", indica el texto, que hace énfasis en la demora "de los procesos administrativos y judiciales (...) que atentan contra el debido proceso legal y pueden acarrear al Estado Nacional responsabilidad internacional".

A su vez, menciona que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21,35% de la población carcelaria total", y que en los delitos "vinculados a la narcocriminalidad, un 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros". Por estas y otras razones el Gobierno argumenta estar ante "una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".

Así, el decreto establece una regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país cuando se encuentren alcanzados por condenas penales, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos, o hayan incurrido o participado en actividades ilícitas.

Uno de los impedimentos para el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional que establece el inciso C del artículo 29 de la ley actual es "haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más".

Con la modificación, el inciso C, se divide en dos. Por un lado, los delitos comunes, y en el otro inciso los delitos de tráfico de drogas, personas, armas, órganos y tejidos (incorporación nueva) lavado, inversiones ilícitas.

Desde el Gobierno consideran que este cambio "da más claridad interpretativa y permite regular mejor el resto de los institutos vinculados". Además, se suma como causal la condena o antecedentes por delitos de corrupción.

El texto de la medida determina que se entienda como antecedente penal "un auto de procesamiento firme, el cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable". Y explica: "El Poder Judicial no estaba informando sobre procesos judiciales abiertos a extranjeros. La idea es que, bajo conocimiento de estos procesos, se pueda iniciar un trámite de expulsión". Sobre esto, añadieron que "no informar sobre procesos a extranjeros será causal de juicio político".

Con respecto a acortar los plazos, entre otros motivos que sostienen desde el Gobierno está el hecho de que se advirtió que las mafias de trata de personas aprovechaban vericuetos legales para evitar los procedimientos de expulsión. "Por ejemplo, lograban obtener la ciudadanía para la persona ingresada ilegalmente, por medio de gestores. Con esto frenaban los trámites de expulsión: tenían suficiente margen de tiempo por las demoras del proceso".

El decreto incorpora también como causales de impedimento de ingreso al país omitir que se tiene antecedentes penales en el país de origen y tener antecedentes de haber participado de alguna organización de crimen organizado, como narcotráfico, trata, trafico de órganos (aunque no haya condena). Además, establece que "sólo con un informe que diga que la persona está en una red de terrorismo se podrá impedir el ingreso o tramitar la expulsión".

También se incorpora otro cambio: si un inmigrante pagó para que lo trajeran, a pesar de que esto infringe la ley, si colabora para dar con el traficante de personas, podrá pedir la residencia y evitar la expulsión.

En tanto, hasta ahora el piso de prohibición de reingreso al país luego de una expulsión era de cinco años. Con la modificación, será de ocho años por delitos dolosos y 5 años por delitos culposos.

El decreto también establece que las residencias que están en trámite deberán ajustarse a la normativa y cumplir con los nuevos requisitos. "Vamos a ser más exigentes, lo que por otra parte sólo es asimilar el sistema a lo que hacen otros países", dice textual.

Entre otras cosas, el decreto establece una regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país: "La Dirección Nacional de Migraciones podrá cancelar la residencia que hubiese otorgado, cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión, y dispondrá la posterior expulsión", cuando se constaten actos de fraude en documentación, cuando el residente "hubiese sido condenado en el país o en el exterior aunque la condena no esté firme respecto de delitos de tráfico de armas, personas, estupefacientes, órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas".

Además, cancela la residencia permanente "a quien hubiese permanecido fuera del territorio nacional por un período superior a dos años o la mitad del plazo acordado, si se trata de residencia temporaria, excepto que la ausencia obedezca al ejercicio de una función pública argentina o se haya generado en razón de actividades, estudios o investigaciones que pudiesen ser de interés" para el país.

El decreto fue elaborado en conjunto entre los ministerios de Justicia y de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección de Migraciones y Cancillería. Además, según las fuentes, se sumaron aportes de otras fuerzas políticas.
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