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Política

Actuó a través de una red integrada por tres empresas de Bahía Blanca; la AFIP debió relevar a toda su filial local por las anomalías. La información surge de registros contables, declaraciones tributarias, cheques y recibos cuyas copias publicó diario La Nación.

Lázaro El Laburante Báez con su empresa Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas que controla el socio de la presidenta Cristina La Muchacha Progre Kirchner, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos de empresas de esta ciudad.

La facturación falsa le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que concentró sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre los libros contables de Austral Construcciones.

El descubrimiento de la multimillonaria evasión tributaria sacudió la regional de la AFIP en esta ciudad. Mientras avanzaban con la investigación, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, emitió la disposición 299/12 que la redujo a "agencia", bajo el control de Mar del Plata. Y cuatro días después desplazó a las autoridades locales y desarticuló su área de Fiscalización.

La facturación apócrifa que benefició a Báez se apoyó en por lo menos tres conjuntos de compañías de esta ciudad. El primer grupo de empresas emisoras de facturas truchas responde a la familia Ficcadenti con tres sociedades anónimas -Calvento, Grupo Penta y Cía., y Terrafari-, con una facturación irregular por al menos $ 50 millones, aunque algunos expertos estiman que podría ser más elevada.

El segundo pelotón de facturas truchas corresponde a una empresa real, pero que facturó servicios jamás prestados o que infló sus verdaderas prestaciones. Se trata de la Constructora Patagónica Argentina SA, de la familia Ferreyra.

Sólo durante 2009, esa empresa constructora le facturó $ 13 millones a Austral Construcciones, según consta en el libro IVA Compras de la firma de Báez, cuya autenticidad confirmó el propio Báez en diciembre pasado, cuando los medios revelaron la compra de más de 1100 habitaciones por mes, durante años, en los hoteles de la presidenta Cristina Kirchner por ocho de sus empresas.

Consultado por diario La Nación uno de los dueños de la Constructora Patagónica, Antonio Ferreyra, primero negó todo problema fiscal. Luego, ante las repreguntas específicas corrigió sus dichos y admitió problemas tributarios, aunque responsabilizó al Grupo Penta, de los Ficcadenti.

"Empezamos a ver irregularidades y les bloqueamos los pagos hasta aclarar la situación", dijo Ferreyra. También defendió su facturación a Austral. "Báez nos tiene demorados pagos, pero no por problemas con nuestras facturas."

Sin embargo, Constructora Patagónica afrontó una investigación de la AFIP, tanto por las facturas que recibió como por las que libró, mientras que se acogió a un plan de 120 cuotas para regularizar las facturas emitidas.

A estos grupos de empresas de los Ferreyra y los Ficcadenti, se sumó un tercer emisor, Iberoamericana de Servicios SA, de la familia Pedraza, originaria de Bahía Blanca, aunque luego se trasladaron a Santa Cruz.

La trama de Iberoamericana incluye también a un conocido personaje local, Juan Ignacio Suris, quien emitió facturas truchas para esa empresa y desde enero pasado se encuentra detenido por narcotráfico, mientras que también afronta acusaciones por presunta evasión y lavado.

Días atrás, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó su procesamiento como jefe de una supuesta asociación ilícita fiscal, por la que debería pagar $ 15 millones en concepto de responsabilidad civil. Para la AFIP, que destacó su rol de querellante en esa investigación penal, sólo su grupo habría evadido $ 40 millones, con facturas que repartió entre "al menos 190 [empresas] usuarias".

Entre esas empresas figura el Grupo Penta, de la familia Ficcadenti. Esa firma comparte un eslabón clave con las de Suris: el asesoramiento contable de un puñado de profesionales que se encargó de defender a Suris ante la AFIP y de afinar los números de Penta para un polémico plan de pagos.

La regularización tributaria del Grupo Penta tiene múltiples zonas grises. Entre otras, la que surge de los cheques que recibió de Austral Construcciones y cambió en Crediba, una conocida financiera local.

lanacion obtuvo copias de más de una docena de esos cheques, todos fechados el 23 de marzo de 2011. Todos tienen varios rasgos en común. Son correlativos -del 11466620 en adelante-, se emitieron desde una cuenta de Austral Construcciones en la sucursal de Río Gallegos del Banco Nación, son por $ 100.000 cada uno y aparecen firmados por Bustos y "Emilio C. Martin" como sus apoderados.

Con ésos y otros cheques, Austral Construcciones canceló servicios nunca prestados o con sobrecostos millonarios. Por ejemplo, el que el Grupo Penta declaró en su factura 001-00000429, por el movimiento de "terraplén Ruta N° 39", con "compactación especial" por poco más de $ 1,4 millones.

A la luz de los antecedentes, sin embargo, Bahía Blanca no aparece como una ciudad escogida al azar por Báez. La primera gran investigación tributaria en su contra, también se inició en esta ciudad, también por facturas truchas, para otra de sus empresas: Gotti Hermanos SA.

Aquella pesquisa comenzó cuando los sabuesos locales de la AFIP detectaron inconsistencias en la facturación de El Corralón, una firma de Tres Arroyos dedicada al comercio de materiales de la construcción, bajo la jurisdicción bahiense.

Pero a medida que comenzó a crecer, con más empresas involucradas y más facturas truchas, hasta rondar los $ 400 millones, la investigación se remitió a Comodoro Rivadavia, con jurisdicción sobre Gotti Hermanos por su domicilio fiscal. Hasta que en 2008 provocó la caída del jefe local, Norman Williams, y de su superior, Jaime Mecicovsky, y la renuncia del entonces director de la DGI, Horacio Castagnola.

Esta vez, la pesquisa quedó en Bahía Blanca, pasó por Mar del Plata, y volvió herida de muerte a Bahía Blanca, donde de inmediato Bustos y los expertos contables buscaron ordenar todos los papeles.

Para eso, buscaron regularizar el cuadro fiscal del Grupo Penta, que informó que había "extraviado" toda su información contable. Ante ese cuadro, la AFIP avanzó con un plan de pagos por un monto parcial y sin cumplir con todos los requisitos.

Primero, se intentó con un plan de 120 cuotas fijas de $ 129.000 cada una. Pero se cayó por falta de pagos. No pagaron ni la segunda cuota. Y entonces volvieron a la carga con otro plan, de 24 cuotas.

Esa última oportunidad para el Grupo Penta de ingresar a un plan de la AFIP venció el 26 del mes pasado. Sus contadores lo registraron con el número tentativo H198496, según surge del formulario de inscripción que obtuvo el mencionado diario.

Pero para que esa oportunidad se concretarase requirió que alguien transportara más de medio millón en efectivo hasta esta ciudad. Bustos, uno de los Ficcadenti y dos profesionales se encargaron de los detalles.

Mientras cerraban esos detalles, Bustos repitió un críptico latiguillo que jamás explicó. Insistió una y otra vez: "Hay que llegar a diciembre".

La firmas comprometidas son Familia Ficcadenti que opera tres firmas que facturaron $ 50 millones. Patagónica Argentina e Iberoamericana.
El sínodo de obispos emitió un documento que trató de equilibrar las posturas entre aperturistas y conservadores, pero no aprobó cambios profundos. Sólo afirmó que “no debe excluir a nadie”.

El sínodo de obispos sobre la familia convocado por el papa Francisco aprobó hoy un documento final consensuado, donde trató de equilibrar las posturas opuestas entre aperturistas y conservadores, pero no pudo avanzar con una posición unificada sobre el tratamiento que debe dar a homosexuales y divorciados.

Los tres capítulos que hablan sobre las uniones entre los homosexuales y los divorciados que se vuelven a casar fueron aprobados con mayorías muy justas, por debajo de los dos tercios, por lo que no fueron formalmente aprobados.

Sólo se logró un mensaje final, apartado del documento del sínodo, donde propone acoger "con respeto y delicadeza" a los homosexuales y acompañar a los divorciados.

La "Relatio Synodi", como se llama el documento final, fue completada tras dos semanas de debate de los problemas de la familia moderna en todos los continentes y con el fin de intentar abrir la Iglesia a las uniones libres, los divorciados y los homosexuales, aunque estos dos últimos temas generaron reticencias.

En total 183 "padres sinodales" participaron en la votación y cada punto, de los 62 párrafos del informe, fue sometidos a votación. Tres puntos no obtuvieron la mayoría de dos tercios requerida, los referidos a la homosexualidad y al acceso a la comunión para los divorciados que se vuelven a casar, explicó el Vaticano.

Toda la documentación, tanto los borradores como las correcciones, han sido publicados por el Vaticano. "El Papa ha querido que se publique todo, con total transparencia, lo que demuestra un alto grado de madurez", explicó Manuel Dorantes, uno de los vocero.

El texto será divulgado en todas las diócesis del mundo junto con un cuestionario y servirá de base para el próximo sínodo, programado para octubre del 2015.
"Tenemos un año para madurar", afirmó el papa Francisco, quien elogió la vitalidad de los debates. "Sino hubiera habido discusiones animadas me habría preocupado", comentó ante los obispos.

Francisco proclamó, al final del Sínodo extraordinario, que en esta asamblea no se ha puesto en entredicho la "verdad fundamental" del "sacramento del matrimonio: la indisolubilidad".

Lo afirmó en un discurso pronunciado ante los participantes en este Sínodo, a quienes dijo que su papel como líder de la Iglesia Católica es el de "garantizar la unidad".
Además, el papa dijo que la Iglesia Católica "no mira a la humanidad desde una torre de cristal para juzgar o clasificar a laspersonas".
Viernes, 17 Octubre 2014 18:17

Encontraron el cuerpo de Luciano Arruga

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La familia del joven de 16 años, desaparecido desde 2009, ofreció una conferencia de prensa; estaba enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN. En conferencia de prensa el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Horacio Verbitsky, confirmó que el cadáver hallado es el de Arruga. "El Estado ha manifestado una gran desidia ante el caso Luciano Arruga", agregó. "Hay instancias que nadie ha explicado todavía sobre el caso", dijo.

Cinco años y ocho meses de su desaparición, encontraron el cuerpo de Luciano Arruga, que estaba enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. El joven, de 16 años, había desaparecido en enero de 2009 y desde entonces su familia inició una intensa búsqueda. Un habeas corpus presentado hace seis meses por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que representa a la familia, fue decisivo para el hallazgo.

Habló de los 6 años que lleva desaparecido, y dijo que esto ocurrió por ser un joven pobre del conurbano. "Hay un componente de violencia institucional contra los varones pobres jóvenes del gran Buenos Aires", enfatizó.

Las huellas de Arruga estaban en un expediente del destacamento de Lomas del Mirador, donde había estado detenido un año antes, en medio de denuncias de su familia sobre torturas policiales. Estas huellas fueron digitalizadas y cotejadas con las huellas de la base de datos del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Hoy se detectó que las huellas coincidían con las de un joven que estaba enterrado como NN en Chacarita.

Según informó Verbitsky, lo que se pudo reconstruir hasta el momento es que a Luciano Arruga lo atropellaron la misma noche de su desaparición en el cruce de Emilio Castro y General Paz, del lado de capital, cerca de donde fue visto por última vez y a 15 cuadras de la casa de la familia Arruga.

El conductor del auto era un joven de 21 años, que hizo la denuncia al 911. Arruga fue llevado al Hospital Santojanni donde lo operaron, pero falleció a la mañana siguiente. La familia de Luciano había estado en dicho hospital pero nadie le informó sobre este NN que estaba internado.

"Quedan muchas dudas", agregó el presidente del Cels. Y apuntó: "Sigue habiendo sospechas sobre la policía bonaerense en el caso de Luciano". Recordó que recién cuando el Cels presentó un hábeas corpus por Luciano hubo avances en la causa.

Luciano Arruga tenía 16 años cuando salió de su casa de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, cerca de las 21 del 31 de enero de 2009, con 1,50 pesos en el bolsillo. Nunca regresó. Desde entonces su familia comenzó una lucha incansable para hallarlo y para lograr justicia. Ellos denuncian que Luciano fue asesinado por la policía por haberse negado a robar para ellos.

Vanesa Orieta, hermana del joven desaparecido, contó que a Luciano le habían ofrecido armas, autos y dejarle liberadas algunas zonas para que cometiera robos bajo "protección" policial. Como el joven se negó, comenzaron a detenerlo sistemáticamente. Lo golpeaban, lo llevaban a la comisaría y lo amenazaban diciéndole que iba a aparecer en un zanjón.

La propia Vanesa lo había acompañado al destacamento de Lomas del Mirador en una de estas detenciones. Allí escuchó la golpiza y las amenazas. "Sacame de acá que me están moliendo a palos", le había suplicado su hermano en aquel momento. Vanesa tuvo el coraje de enfrentarse con la policía cada vez que su hermano era detenido injustamente.

En enero de 2012 abrió sus puertas el Espacio para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga , que funciona donde antes lo hacía el destacamento policial de Lomas del Mirador, lugar en el que, según relata su familia, el joven fue detenido y golpeado meses antes de su desaparición.

Verbitsky dijo que este día es "muy triste" y pone fin a un tipo de incertidumbre pero abre paso a otro tipo de incertidumbre que requiere respuestas del Estado. "No puede ser que una persona se evapore, desaparezca de esa manera. Una persona que ha sido buscada desde el primer momento por su familia", reclamó. Y volvió a hablar de la violencia institucional a la que fueron sometidos.

"Queremos que este sea un punto de inflexión. Que no pueda reiterarse esta práctica a 30 años de democracia", concluyó Verbitsky.
Viernes, 17 Octubre 2014 13:46

¿Nadie esperaba este trágico final?

Por
Por Anita Sánchez Quiroga 
Dicen en los medios: Nadie esperaba este trágico final, refiriéndose a las muertes de mujeres y niños, y respondo... yo sí lo esperaba, porque no se protege a las víctimas, porque siempre se juzga a quienes son golpeadas, porque se buscan o inventan defectos, porque si una mujer dice “mi pareja me pega” se sigue tomando ese comentario livianamente sin tener conciencia de que quien avisa ésto, es porque está buscando ayuda, porque no quiere callar más, no quiere seguir sufriendo en silencio y sola, está pidiendo auxilio.

Cada vez que es golpeada el inminente miedo a la muerte está presente, desde ese momento y por mucho tiempo más. Así se siente una mujer que sufre violencia de género en el ámbito familiar, desprotegida y sin salida, no hay un compromiso social y una solidaridad incondicional con las víctimas de maltrato.

Por otra parte, la persona violenta no recibe tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, porque cree que no lo necesita. En cambio, son las víctimas las que se encuentran en tratamiento psicológico, médico, o bien acuden a solicitar ayuda espiritual, concurren a centros de asistencia gubernamental u otras, pero no es suficiente, ya que debe haber un entramado social que  proteja a las víctimas de la violencia psicológica que implica cualquier tipo de maltrato.

Todos somos parte del problema, por lo tanto todos somos parte de la solución (amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, etc.).

Es urgente que no miremos para otro lado, que nos preocupemos y ocupemos de la violencia hacia las mujeres y sus hijos.    
El vicepresidente presentó un escrito a través de sus abogados; allí sostuvo que no participó del trámite, volvió a responsabilizar a los gestores, y criticó la acusación de Bonadio

El vicepresidente Amado Boudou pidió no ir a juicio en la causa por los papeles truchos del auto en la que se encuentra procesado. El copado Honesty presentó un escrito en las últimas horas mediante sus abogados y contestó así la vista de elevación a juicio cursada por el juez federal Claudio Bonadio. La semana pasada el fiscal Guillermo Marijuán se mostró a favor de enviar al vicepresidente a juicio junto a otros procesados.

os abogados del vicepresidente sostuvieron que el funcionario no participó del trámite, volvieron a responsabilizar a los gestores y reiteraron sus críticas por la acusación de Bonadio contra Boudou, a la que calificaron de "imprecisa".

La contestación de vista no es vinculante para el magistrado, quien una vez que tenga la respuesta de todas las partes resolverá si cierra el expediente y lo manda a sorteo para un tribunal oral.

El vicepresidente pidió el miércoles 24 de septiembre ser sobreseído en la causa por los papeles truchos del auto. Lo hizo también mediante la presentación de un escrito ante la sala II de la Cámara Federal porteña.

La audiencia estaba fijada para el día posterior, pero su defensa se adelantó y presentó un escrito, en cuyo texto apuntó contra la responsabilidad de los gestores que intervinieron en los trámites, criticó las razones del juez federal Claudio Bonadio y aseguró que tanto él como su ex pareja Agustina Seguín, también procesada, fueron víctimas.

En menos de dos meses, el vicepresidente de la Nación fue procesado dos veces. En la primera causa se lo investiga por el levantamiento de la quiebra de la ex imprenta Ciccone Calcográfica. En la segunda, la investigación es por la falsificación de los documentos de un auto hace 20 años.

El 8 de agosto, Bonadio procesó a Boudou por haber sido "partícipe necesario" del delito de "falsificación ideológica" de los documentos de su Honda CRX del Sol, una cupé roja de 1992.

Boudou le cambió el motor a ese auto en 1995, un cambio que nunca fue registrado, y tuvo el auto durante diez años sin hacer la transferencia, que finalmente se realizó con documentación apócrifa.

En los papeles presentados ante el registro hay firmas apócrifas, una de Boudou, y se declara un supuesto domicilio del vicepresidente que en realidad no existe, acreditado con la fotocopia de una página falsa, inventada, de su documento de identidad.

Bonadio sostuvo que el vicepresidente ni siquiera puede demostrar que haya comprado el auto: no presentó un solo papel que así lo acredite, afirmó el magistrado.

Según informó el vicepresidente en sus declaraciones juradas, compró el auto en julio de 1992 en una concesionaria de Mar del Plata hoy cerrada, pero la Justicia constató que en ese momento el auto todavía no había sido importado: estaba en el medio del océano, viajando desde Japón.
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