Miércoles, 18 Octubre 2017
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Política

Margarita Stolbizer, del partido Gen, dijo que la cifra surge de contrastar un informe bancario con su declaración jurada.

Con un procesamiento sobre sus espaldas por el caso Ciccone, Amado Boudou sigue coleccionando denuncias. La diputada Margarita Stolbizer anunció ayer que se presentará el lunes antes el juez Ariel Lijo para denunciar que el vice mintió sobre sus cuentas bancarias en su última declaración jurada.

Al inicio de 2012, Boudou denunció que tenía dos cajas de ahorro en pesos, una cuenta corriente en dólares y una caja de ahorro en dólares. Y al finalizar el período declaró cuatro cajas de ahorro en pesos, dos cuentas corrientes en pesos, dos cajas de ahorro en dólares y una caja de ahorro en euros. Los datos contrastan con el auto de procesamiento dictado por Lijo el viernes pasado, de donde surge que Amado Boudou tenía durante 2012: 7 cajas de ahorro en pesos, 2 cajas de ahorro en euros, 4 cajas de ahorro en dólares, 3 cuentas a la vista, 1 cuenta única, 15 cuentas corrientes en pesos y 4 cuentas corrientes en dólares. Esa información fue remitida por diferentes bancos al juzgado de Lijo.

La irregularidad podría encuadrar dentro del artículo 268 (3) del Código Penal, que reprime con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua al funcionario que omite datos en su declaración jurada. Ese artículo también castiga al que “maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.

“Boudou ha dejado demasiadas marcas en todos los lugares por los que pasó. Sus dedos sucios han manchado los escritorios de cada oficina donde le tocó actuar: con procedimientos similares, sociedades truchas y negocios con los amigos, siempre en perjuicio del estado y del interés común de la ciudadanía “, opinó ayer Stolbizer.

El lunes, la diputada del GEN le pedirá al juez Lijo que investigue si el vicepresidente incurrió en los delitos previstos en el artículo 268, sin perjuicio de que aparezcan otros delitos de mayor gravedad, al detectar irregularidades y falseamiento de datos en la declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2012 presentada ante la Oficina Anticorrupción, donde declaró tener un patrimonio total de $1.727.107.

Lijo procesó el viernes pasado a Boudou por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública luego de dar por probado que adquirió Ciccone a través de The Old Fund. El vice apelará ese fallo la semana próxima. Y posiblemente después vuelva a declarar, tal como había reclamado hace apenas una semana.

Stolbizer aprovechó la nueva denuncia para destacar que hay suficientes motivos para la apertura del juicio político en el Congreso. Y acusó al kirchnerismo de “encubrir” a Boudou tras el rechazo in limite votado el jueves en la comisión de Juicio Político. “El archivo de los proyectos de pedido de juicio político para proteger y encubrir al vicepresidente Boudou, de ninguna manera termina la cuestión, sino que la exacerba. Este hombre nos da motivos permanentes para pedir ese enjuiciamiento por la cantidad de irregularidades que ha cometido a lo largo de su vida pública, más la posible comisión de delitos que se ventilan en el ámbito del poder judicial y donde le será muy difícil en un tiempo no tan lejano terminar con una condena de prisión”, sostuvo Stolbizer.
Por E. Simón 
Acaso bastaría con transcribir acá su lema y ya la nota estaría lista para saber todo sobre él: "con un oído puesto en el Evangelio y otro en el pueblo", decía Enrique Ángel Angelelli. Pero la retórica de la elocuencia hace que uno quiera seguir.

Su vida fue fascinante y lo esperaba un final marcado por la crueldad de aquellos años oscuros. Se podría empezar esta crónica diciendo que todo sucedió en el año 1976 y también quedaría todo comprendido. Años oscuros, años cruentos, años que afortunadamente no volverán.

El Tribunal de La Rioja encontró a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrellaculpables del asesinato del ex obispo de esa provincia "en el marco del terrorismo de Estado" y ambos deberán cumplir la pena en cárcel común. Dos hijos de puta menos en la calle, aunque a veces da la impresión de que estamos rodeados. Angelelli no fue parte del movimiento de los curas tercermundistas, pero sí fue un hombre de su tiempo que protagonizó las luchas obreras y marginales de Córdoba y La Rioja. La dictadura cívico militar lo condenó a muerte y la pena no tardó en cumplirse. Al poco tiempo de que irrumpiera en el país el aparato represivo del Estado militar descargó su furia contra este hombre que valía por una legión. El 4 de agosto de 1976 la muerte golpeó a su puerta y lo que se presentó como un accidente de tránsito en la ruta riojana fue un asesinato a sangre fría y premeditado. Pasaron 30 años para que la Justicia reconociera que ese accidente de tránsito fue en realidad un asesinato.

El obispo de la Iglesia Católica, Enrique Angelelli, nació el 17 de junio de 1923 en Córdoba, y se ordenó como cura en 1949, con 26 años. Supo frecuentar villas de emergencia en los arrabales marginados de Córdoba. El 12 de marzo de 1961 recibió la consagración episcopal y desde entonces, los domingos, la Catedral comenzó a llenarse de obreros y fieles que encontraban en él a un Cristo con los pies en la tierra. Desde esa trinchera fue parte fundamenta en los conflictos gremiales que llevaron adelante los trabajadores de IME- Industrias Mecánicas del Estado, Municipales y Fiat. Siempre del lado de los trabajadores. Siempre con su corazón en el pueblo. El poder eclesiástico conservador de la provincia lo marginó y lo desplazó a las afueras de la ciudad.

En 1965 el cardenal Raúl Primatesta restituyó a Angelelli como obispo auxiliar y le permitió volver a su trabajo pastoral. Es entonces cuando pudo estar de nuevo en contacto con su gente y empezó a visitar pueblos del interior de Córdoba. En 1968 fue designado por Pablo VI al frente del obispado de La Rioja. De esta manera, era desplazado de su provincia natal. Cuando asumió dijo que se sentía "un riojano más". Empezó su tarea evangelizadora y comprometida con su gente, recorrió cada rincón de La Rioja llevando esperanza pero siempre escuchando los reclamos de los que más sufrían.

Alipio Eduardo Paoletti cuenta en su libro "Como los nazis, como en Vietnam", publicado en 1987, que el cura "Atrajo a su pastoral a sacerdotes, monjas y laicos que buscaban el camino para sumarse a las luchas del pueblo desde su misma condición de religiosos y cristianos; apoyó todas las reivindicaciones populares; colaboró en la organización de trabajadores, campesinos, artistas e intelectuales, mujeres, jóvenes y viejos. Y aunque no lo quería, sus actos lo convirtieron en un dirigente de masas, en el verdadero sucesor de los caudillos populares de La Rioja del siglo pasado", y explicó que "Angelelli no tenía vocación de dirigente. Era un hombre humilde hasta la exageración, piadoso e ingenuo aún cuando tenía una fortaleza moral y un rigor intelectual que pocas veces se conjugan en una persona del sector social que fuere. Concebía su papel en la sociedad como la que cumple la levadura en la masa".

Si bien la dictadura cívico militar intentó ocultar su crimen, los organismos de derechos humanos nunca bajaron los brazos hasta conseguir justicia. Sus palabras podrían considerarse hoy un eco de lo que alguna vez fue su voz vigorosa predicando que había que liberar "a todos los hombres de la explotación y la enajenación". No hacían falta tantas palabras para contar su derrotero, el cura habló siempre con el testimonio propio de hombre al servicio del hombre.
Así lo expresó el diputado quien consideró que “si Boudou deja el cargo, estoy convencido de que iría preso, pero si no se toma ninguna determinación, el Gobierno va a ser cómplice de sus irregularidades".

Claudio Lozano, diputado y vocal de la Comisión de Juicio Político, dijo en diálogo con Radio del Plata que si el vicepresidente Amado Boudou “no toma la decisión de pedir licencia y quedar separado del cargo, resulta absolutamente imposible para el Parlamento no avanzar para el pedido de Juicio político porque está siendo acusado de corrupción y hay semi pruebas del caso”.

Afirmó que "si Boudou deja el cargo, tengo la absoluta convicción de que iría preso, pero si no se toma ninguna determinación, el Gobierno se va a transformar en el cómplice responsable de apañar sus irregularidades. Al gobierno le conviene curarse en salud para transitar el camino político de la transición hacia el 2015”.

“El juicio político comienza cuando hay evidencias que ponen en duda la idoneidad del funcionario y llegan a un nivel importante. Está el caso Ciccone, pero las causas que existen sobre Amado Boudou son múltiples e incluso más importantes. Tenemos causas presentadas en la justicia que tienen que ver con el manejo irregular de los fondos del ANSES, con daños importantes para los jubilados”, informó Lozano.

"Resulta difícil creer que alguien que está involucrado en un delito de esa naturaleza, aunque todavía no esté demostrado, pueda representar los intereses de los argentinos", opinó, y agregó que "no iniciar un enjuiciamiento implicaría una maniobra de encubrimiento. No hay opción para el Parlamento si no toma la decisión Boudou”.

Lozano agregó que “cuando uno es Vicepresidente y lo están juzgando, tiene un rol superior al de los demás ypuede usar su poder, su cargo e influir en la causa judicial, como objetivamente ocurrió. En ese sentido, lo lógico es que se corra de su cargo y que permita que la causa siga”.

Sobre el final, dijo que "si acá no hay una actitud de la Presidenta, lo primero que aparece es que la complicidad queda expuesta y que todos pensemos que aquellas causas por las que Boudou está investigado hizo relaciones directas con la primera mandataria”.
En una reunión de comisión muy agitada, se abroqueló en defensa del vicepresidente y rechazó los seis pedidos que presentó la oposición; lo hizo con el argumento de que aún no hay sentencia firme en la Justicia

La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados cerró ayer filas en torno del vicepresidente Amado Boudou y rechazó in limine los siete pedidos de enjuiciamiento en su contra por mal desempeño en sus funciones.

La oposición, en minoría, le endosó el costo político de defender a un funcionario procesado por la Justicia. El oficialismo acusó a la oposición de actuar en tándem con las "corporaciones económicas y mediáticas" para desestabilizar al Gobierno. La oposición le devolvió la gentileza al prometer que insistirá en sus acusaciones contra Boudou.

Fueron tres horas de chicanas, golpes bajos, gritos e ironías subidas de tono. El escenario fue la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja; allí oficialismo y oposición dieron un espectáculo que rozó lo grotesco y en el que primaron las diatribas sobre un auténtico debate político y jurídico en relación con la situación de Boudou, procesado por adueñarse, mediante manejos irregulares, de la imprenta Ciccone Calcográfica.

La presidenta de la comisión, la oficialista Adela Segarra, arrancó el debate con la lectura de un informe que, paradójicamente, cerraba toda posibilidad de discusión. En él se ordenaba rechazar in limine los pedidos de juicio políticos opositores bajo tres fundamentos. Uno, que los proyectos utilizaban "términos imprecisos y potenciales, con menciones vagas e improcedentes". Dos, que un juicio político contra el vicepresidente implicaría una "presión e intromisión sobre otro poder (la Justicia), con el consiguiente riesgo de desequilibrio republicano". Y el tercer fundamento apuntó al "principio de inocencia" que garantiza el Estado de Derecho. A juicio del oficialismo, sólo se puede declarar admisible el juicio político con "una sentencia judicial firme y revisada por la última instancia". El kirchnerismo también criticó a los medios de comunicación que no le son afines: afirmó que "sin sentencia condenatoria firme, ya han condenado al vicepresidente"; que "actúan con imprudencia e irresponsabilidad, generando verdaderos actos de linchamientos mediáticos, prejuicios y odio", y que impulsan "un intento corporativo de desestabilización política".

Los kirchneristas, al rechazar in limine las acusaciones, mandaron los proyectos de enjuiciamiento al archivo. Es decir, anularon las causales de enjuiciamiento que formuló la oposición, por lo que ésta deberá invocar nuevas razones si en un futuro quiere insistir en su embestida legislativa contra Boudou.

La oposición reaccionó indignada ante el informe oficialista. "¡Nunca vi tal grado de desconocimiento de la Constitución nacional!", bramó Elisa Carrió (Coalición Cívica), al insistir en que el proceso de juicio político en el Congreso marcha por un andarivel diferente que el de la investigación judicial. "La Cámara de Diputados puede acusar a un funcionario por mal desempeño aunque no haya causa judicial o, incluso, si un juez lo ha sobreseído", enfatizó.

"¡Carrió nos extorsiona, al igual que la corporación mediática opresora encabezada por La Nación y Clarín, que quieren torcer la voluntad de un gobierno que cuida los intereses nacionales!", respondió la ultrakirchnerista Diana Conti.

"Ustedes están admitiendo que Boudou es culpable, porque si lo creyeran inocente, hubieran abierto el proceso", azuzó el radical Julio Martínez. "¡Lo lamentable es que no tienen agenda política, por eso se suben a la agenda del señor (Héctor) Magnetto (CEO del Grupo Clarín)!", respondió el camporista Andrés "Cuervo" Larroque.

Los diputados Margarita Stolbizer (GEN) y Pablo Tonelli (Pro) buscaron encarrilar la discusión a la cuestión de fondo, lo jurídico. "No hay que esperar una decisión judicial para que el Congreso actúe, porque la Justicia aplica los códigos Penal y Procesal Penal, mientras que nosotros, la Constitución nacional", enfatizó Tonelli.

"La Comisión de Juicio Político debe evaluar políticamente el desempeño y la idoneidad de los funcionarios, más allá de la existencia de un delito penal. En este caso, Boudou incurrió en un cúmulo de irregularidades administrativas y demostró carecer de idoneidad para el cargo", explicó Stolbizer. En el mismo sentido se expresó Claudio Lozano, quien insistió en que el procesamiento de Boudou, que dictó el juez Ariel Lijo, "reúne un conjunto de indicios que indica que la conducta del vicepresidente debe ser investigada".

"Esta comisión no debe evaluar si se cometió o no un delito, sino la idoneidad moral y el buen desempeño de un funcionario. Boudou demostró no sólo falta de idoneidad, sino también insolvencia moral", enfatizó Adrián Pérez (Frente Renovador).
En el mismo día de su cumpleaños, la Cámara Federal ratificó un procesamiento contra el ex presidente por vender a precio vil el Predio Ferial de Palermo en 1991.

Carlos Manolenta Menem recibió ayer los saludos por cumplir 84 años en el mismo momento en que se enteraba de que sus bienes eran embargados por la suma total de $ 10 millones. En una decisión que se conoció recién hoy, la Cámara Federal ratificó el embargo al patrimonio del ex mandatario por la supuesta venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina en la década del 90.

En una resolución de menos de dos carillas, firmada ayer, los camaristas de la Sala Segunda Horacio Cani, Eduardo Farah y Martín Irurzun confirmaron la resolución del juez federal Sergio Torres "por cuanto fijó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de diez millones de pesos".

Para convalidar esa medida, los magistrados evaluaron que "la maniobra -suficientemente acreditada en el marco de esta instrucción- tuvo consecuencias, efectos y perjuicios de índole económica que afectaron al patrimonio estatal en grados importantes".

El delito por el que está acusado Menem cuenta con penas de reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, según el Código Penal. Los magistrados que confirmaron el embargo son los mismos que ya procesaron a Menem y a su ex ministro de Economía Domingo Cavallo a principios de año por la supuesta "venta fraudulenta" del predio ferial de Palermo, propiedad del Estado nacional, a la Sociedad Rural Argentina, en 1991.

"Las pruebas reunidas indican que todos los imputados tomaron parte en una operación ideada conjuntamente, mediante la cual se sorteó la necesaria intervención del Congreso -y de entes cuya opinión no fue requerida- y se acordó un precio vil para la enajenación", señaló aquel fallo.

La venta se habilitó con la firma de Menem y Cavallo del decreto 2699 del 20 de diciembre de 1991, mediante el cual el Ejecutivo autorizó que "el Estado nacional venda el predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina" (14 hectáreas ubicadas frente a Plaza Italia) por 30 millones de dólares, a pesar de que el valor de mercado era de 131.800.000 dólares.

Los camaristas explicaron que "lo relevante aquí pasa, fundamentalmente, porque el autocontradictorio, repentino e inexplicado cambio de criterio respecto de las condiciones necesarias para enajenarlo -que obviamente se tradujeron en menos o nulos controles- coincidió, justamente, con el acuerdo de un precio visiblemente perjudicial para los intereses estatales".
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