Miércoles, 20 Marzo 2019
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Economía

Sin blanqueo, el gasto primario subió 5 puntos por arriba de los ingresos. Los ingresos subieron 41% con el blanqueo y 30,1% sin esos fondos. En cambio, los gastos se elevaron un 35%. Por el sinceramiento, el déficit primario fue 0,4% del PBI, menor a la meta de 0,6%.

Las cuentas públicas registraron en el primer trimestre un déficit financiero -incluyendo los intereses de la deuda pública- de $ 70.637 millones, lo que implica un incremento de 9,4%, con relación al mismo período del año pasado, según informó ayer el Ministerio de Hacienda.

En tanto, el resultado primario mostró un desequilibrio de $ 41.344 millones, que representa una caída interanual de 10%.

Gracias a los fondos provenientes del blanqueo, el Gobierno pudo mostrar un déficit primario del 0,4% del PBI, por debajo de la meta del 0,6% prevista para el primer trimestre. En tanto, el déficit financiero ascendió al 0,8% del PBI.

"La meta era de un déficit primario del 0,6% del PBI, es decir de $ 58.500 millones. El resultado ha sido de un déficit de $ 41.344 millones, con lo cual hemos sobrecumplido la meta fiscal en $ 17.156 millones, es decir en 0,2% del PBI", explicó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en una conferencia de prensa.

Este resultado se pudo lograr porque los ingresos ascendieron a $ 467.685 millones (+41,2%) y los egresos, a $ 509.029 millones (+35,9%). Sin embargo, este nivel de ingresos incluye $ 36.736 millones provenientes del sinceramiento fiscal. Sin esos fondos, la suba de los ingresos habría sido de 30,1%.

"El gasto primario sigue creciendo en relación al PBI y en términos reales más de 5 puntos más rápido que los ingresos corrientes no extraordinarios (ingresos corrientes sin blanqueo). No hay una reducción sostenible del rojo fiscal", dijo el Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma.

Según calculó, el rojo primario sin blanqueo habría ascendido a 0,8% del PBI, 0,2 puntos por encima de la meta del Gobierno. Y el resultado financiero, al 1,1% del PBI.

"Si la recaudación no crece más rápido o el gasto no se desacelera más, sin blanqueo se va a empezar a complicar cada vez más alcanzar las metas, en la medida que en los sucesivos meses se vaya agotando el colchón que generaron los ingresos del blanqueo en el primer trimestre", agregó Caamaño Gómez.

En el primer trimestre, los ingresos tributarios subieron 38%. Mientras que del lado del gasto, el Gobierno logró reducir los egresos por subsidios (0%), pero los compensó con la suba de las prestaciones sociales (+43%), los gastos de capital (+37%) y transferencias a provincias (+134%).

En prestaciones sociales, las jubilaciones subieron 43% y las asignaciones familiares, 55%. En gasto en infraestructura, resaltó la suba del 67% en transporte, 228% en vivienda, 65% en agua y alcantarillado y 80% en educación.

"Queremos mantener nuestro gasto primario constante en términos reales por los próximos años y que las provincias lo hagan también. Para eso firmamos un acta-acuerdo que pretendemos convertir en una ley de Responsabilidad Fiscal durante este año", dijo Dujovne.

"Entre los egresos, se destacan los aumentos destinados a prestaciones sociales e inversión en infraestructura, dos prioridades del Gobierno Nacional", precisó y agregó que "los recursos destinados a subsidios económicos se mantuvieron constantes en términos nominales, pasando de $ 35.947 millones en el primer trimestre de 2016 a $ 35.911 millones en el mismo período del corriente año".

Este resultado trimestral se produjo luego de que en marzo el rojo financiero ascendiera a $ 35.082 millones, un 16,4% más que un año atrás. Y el saldo primario se redujera 39,4% hasta $ 18.184 millones.

La meta del déficit primario para este año es del 4,2% del PBI, para 2018 es 3,2% y para 2019, 2,2%. "Vamos a cumplir la meta fiscal del -4,2% anual porque, a diferencia del año pasado, ahora diseñamos una planificación pareja para ingresos y gastos", afirmó Dujovne.

Fuente: Cronista
El Ministerio de Trabajo elaboró un informe especial sobre la proporción de trabajadores del sector público en todos los niveles de Gobierno. En esta nota un cuadro con los porcentajes y la cantidad de empleados en cada provincia.

El Ministerio de Trabajo presentó hoy, en el marco de la difusión de los datos de empleo que surgen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), un informe especial sobre el empleo público. De allí surge que hay siete provincias en las cuales el número de empleados estatales es mayor que el de trabajadores registrados del sector privado.



Los distritos en los que la proporción de trabajadores estatales fueron mayoría respecto de los del sector privado con los datos publicados a diciembre de 2016 son Corrientes (51% del total), Chaco (58%), Santiago del Estero (60%), Jujuy (62%), La Rioja (67%), Catamarca (69%) y Formosa (69%).

En el resto de las provincias el sector privado supera al Estado como principal empleador de la economía formal. Los tres distritos que mejor performance tienen en esta relación empleo privado sobre empleo público son la Ciudad Autónoma de Buenos (en donde el trabajo privado es 77% del total), Córdoba (71%) y Santa Fe (69%).

Es importante destacar que las administraciones provinciales son las que tienen a su cargo las prestaciones de salud, educación y fuerzas de seguridad locales, por lo que en este nivel, además de la administración pública provincial, se cuentan docentes, policías y médicos y personal sanitario.

A continuación, puede navegar la infografía interactiva, en la que puede verse el detalle por cada distrito y desagregado por cada nivel de Gobierno (Nacional, Municipal y Provincial). La tabla es interactiva y cuenta con dos pestañas con información diferente: una muestra las proporciones de trabajadores en el sector privado y el público, y la composición según nivel del empleo estatal; mientras que la otra muestra la cantidad de trabajadores del sector público cada 100 trabajadores del sector privado. Para ordenarla, puede hacer click en cada una de las columnas de la primera fila o utilizar el cuadro de búsqueda en la esquina superior derecha de la tabla.


Tal como lo informa hoy Diario de Cuyo, un medio provincial que ha seguido el caso de cerca luego de que estallara el abominable escándalo de sobreprecios con la ART IAPSER, los abogados portarán a la causa una nota publicada hace dos días por El País Diario.

El matutino de San Juan explica que "luego de pasar por Tribunales, donde ratificaron la denuncia por presunto fraude a la administración pública en la contratación del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) para el seguro de ART de los trabajadores estatales, los letrados Diego Seguí y Marcelo Arancibia fueron hasta Fiscalía de Estado donde reclamaron que el organismo se sume como parte querellante en la causa. Según confirmó el titular interino de Fiscalía, Gastón Orzanco, la causa ya está siendo analizada por el cuerpo de abogados del Estado y no descartan que se hagan parte de la investigación".

El pedido de los abogados se centra en el Art. 263 de la Constitución Provincial donde se establece que “el Fiscal de Estado es el encargado de defender el patrimonio de la Provincia. Es parte legítima y necesaria en los juicios contenciosos-administrativos, en toda controversia judicial en que se afecten intereses de aquel patrimonio”. Luego de la presentación, Arancibia explicó que “entendemos que hay un perjuicio al patrimonio de la provincia y el único que puede que puede hacer una defensa es Fiscalía de Estado”, según publica Diario de Cuyo.

El mismo pedido ya había sido presentado ante el juez que lleva adelante la causa, pero ahora los letrados lo hicieron de manera formal en las oficias de Fiscalía. Sobre la solicitud, Gastón Orzanco, titular interino del organismo, manifestó que “la Fiscalía ya estaba en conocimiento de la causa por lo que ahora estamos evaluando la participación. Necesitábamos que ellos (por Arancibia y Seguí) ratificaran la denuncia para saber si quedaba firme o no”.

El escándalo de la ART salió a la luz luego de que el Gobernador Sergio Uñac llamara a licitación para la póliza que asegura a los empleados públicos en San Juan y a la policía de la provincia. Esta prestación estaba en manos del IAPSER desde el 2005 porque Gioja, como gobernador, contrataba automáticamente a la empresa entreriana sin llamar a licitación, lo cual hubiese sido más transparente. Luego de la licitación decidida por Uñac, el Ejecutivo logró reducir el gasto por unos 300.000.000 de pesos al año.

Arancibia y Seguí en tribunales.
Foto gentileza de Diario de Cuyo.
Arancibia y Seguí aportarán como prueba una nota publicada en El País Diario
Seguí y Arancibia denunciaron la situación en marzo y le pidieron a la Justicia que investigue un presunto “fraude en perjuicio de la administración pública” y “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” que habría ocurrido en la gestión del exgobernador José Luis Gioja.

Las escandalosas cifras y la contratación del seguro de ART llegó a los medios nacionales, al punto que el canal de noticias TN publicó un supuesto documento del IAPSER fechado en febrero de 2016 con la firma de Gioja como gobernador, cuando ya no lo era. Arancibia y Seguí vienen aportando una serie de documentos a la causa para que el juez investigue.

Los abogados que denunciaron a Gioja, Seguí y Arancibia, aportarán una nueva prueba a la causa. Se trata del expediente que dio a conocer El País Diario en una nota de hace días firmada por Ernesto Simón.

"En la nota", explica hoy Diario de Cuyo, "se dio a conocer un expediente de la Secretaría General de la Gobernación con fecha 9 de diciembre de 2015, un día antes que Gioja deje el mandato. El documento hace referencia a la prórroga del contrato con el IAPSER por el periodo 2016-2017. Además se adjunta una copia del contrato, fechado el 1 de febrero de 2016, con la firma de José Luis Gioja y el sello de Gobernador".

La primicia que publicó hace meses El País Diario terminó por diseminarse por medios de toda Argentina. Tal el caso de TN, Infobae y Big Bang News, entre otros. Todos coinciden en que el periodista Ernesto Simón fue quien dio a conocer por primera vez la denuncia contra Gioja por presunto "Fraude a la Administración Pública". Acá algunos de los diarios más leídos y los canales más vistos del país informan citando como fuente a este medio. 
Por E. Simón
@simondixit
El 9 de diciembre de 2015, un día antes de abandonar su cargo como Gobernador de San Juan, José Luis Gioja encargó a uno de sus funcionarios comunicar "la prórroga del Contrato de Afiliación de ART para el periodo 2016-2017". Por la póliza de seguro que Gioja pagaba 500 millones de pesos anuales hoy se paga 198 millones.

Esto explicaría un episodio grave: el actual presidente del PJ habría dejado encorsetado al nuevo Gobernador de San Juan ya que, de manera compulsiva, la provincia volvía a renovar directamente y sin llamar a licitación el seguro de ART para los empleados públicos con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos por un monto de dinero muy por encima al que gravita en el mercado.

Recordemos que durante la gestión de José Luis Gioja no se llamó a licitación para contratar la ART que aseguraba a los empleados públicos de San Juan. Por el contrario, el Gobierno de San Juan firmó un convenio con el Gobierno de Entre Ríos en 2005 y contrató en forma directa al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos.

El expediente presentado en esta nota salió de la Secretaría General de la gobernación firmado por el doctor Oscar A. Bernard, funcionario de la Unidad de Planificación y Coordinación, dependiente de dicha repartición. Luego de la caratula, el expediente se completa con el contrato celebrado con el IAPSER, el cual fue firmado por Gioja en la modalidad de antedatado. Es decir, mucho antes de la fecha que figura en el contrato.

Las capturas que ilustran esta nota hacen referencia al Expediente N° 100-4451-2015. El texto de la carátula, firmado por Bernard un día antes de que Gioja entregue el gobierno, dice: "Atento a que se ha prorrogado el Contrato de Afiliación de ART para el periodo 2016-2017 y la continuidad de los exámenes médicos preocupacionales que establece la Resolución S.R.T. 37/2010 para los inminentes ingresos a la Administración Pública y Policía de la provincia".

Además, el texto al que tuvo acceso este diario indica que "corresponde se remitan los actuados al Ministerio de Hacienda para reserva del original del Contrato y oportuno pago".

Antes de la firma de Oscar A. Bernard, aparece la siguiente leyenda que confirma la fecha del escrito: "Es cuanto puedo informar 09.12.2015".

El Expediente N° 100-4451-2015 que acá se muestra, está acompañado de por el cuestionado contrato que habría firmado el ex gobernador Gioja con Jorge Raúl Mencía, presidente del IAPSER, quien murió el 22 de diciembre de 2015, es decir, 13 días después de renovado el contrato. De ser así, el contrato habría quedado antedatado. Lo curioso es que cuando la póliza entró en vigencia Gioja ya no era Gobernador sino Diputado Nacional, y el ex presidente del IAPSER, Mencía, había fallecido. Eso explica que en el documento aparece la firma de Gioja con el sello de Gobernador de San Juan pero fechada el 1 de febrero de 2016, cuando ya no ostentaba el cargo.


Esto último fue usado por Gioja en una conferencia de prensa rimbombante, en la cual se quiso desviar la atención de los supuestos sobreprecios, pero la firma es suya y en la caratula firma su ex funcionario, Bernard, quien renovó el contrato un día antes de que el presidente del PJ dejara la gobernación de San Juan.

El procedimiento de renovación del contrato y la firma antedatada están documentados. El expediente existe en dos lugares. Una copia está en poder del Gobierno de San Juan. La otra copia completa está en las oficinas centrales del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, con sede en Entre Ríos.


La maniobra explicaría el extraño interés de Gioja en dejar firmado y renovado el contrato con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos por un monto casi tres veces superior al que luego logró Sergio Uñac, actual Gobernador, quien llamó a licitación y consiguió una baja considerable en la erogación que hace el Estado para pagar una póliza de ART. La licitación fue ganada por Provincia ART.

Para entender bien la diferencia de precios y el posible fraude a la Administración Pública, es preciso detallar que durante la gestión de Sergio Uñac como Gobernador, se llamó a licitación y resultó ganadora la compañía Provincia Art, que cobra 198 millones de pesos al año. Antes, el ex Gobernador Gioja pagaba 500 millones de pesos anuales, una friolera de plata que nadie puede explicar bien por qué se abonaba. Durante 12 años se habría pagado con estos sobreprecios, lo cual, según entienden los denunciantes de Gioja, habría provocado un grave perjuicio económico contra el Estado provincial.

De hecho, la denuncia a Gioja fue presentada por los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia, y está radicada en la Fiscalía Correccional N°: 3. El juez de la causa es Pablo Flores y la carátula plantea un posible "Fraude a la Administración Pública".

Habrá que ver si el juez Flores solicita la remisión de una copia del expediente que hoy obra en poder del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos y su respectiva copia que está en los archivos del Gobierno de San Juan. Por ahora, la compañía de seguros se negó a dialogar con este diario y no ha brindado la documentación requerida, la cual aportaría una prueba fundamental en la causa que se tramita en la Justicia de San Juan.


Moisés Lara en la mira
Otro de los temas que se investiga en la Justicia de Entre Ríos es un posible adelanto de dinero que sería de 2.000.000 de pesos que el IAPSER le habría otorgado a Moisés Lara, quien era el representante de la compañía en San Juan. El importe sería devuelto en cómodas cuotas con un interés muy bajo. Con esta plata, Lara habría comprado una casa en San Juan, la cual alquiló para oficinas al propio Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos para el cual trabajaba. Está por verse si esto es o no compatible. Al menos eso investiga la Justicia entrerriana.

Este episodio aparecería mencionado en una presentación que hicieron los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, quienes se encargaron de llevar el tema a la Justicia de Entre Ríos para impulsar una denuncia contra el exgobernador, Sergio Urribarri. La información que aportaron fue presentada en los tribunales con el interés de que el fiscal Álvaro Piérola la examine y la tenga en cuenta en el marco de la investigación que se lleva adelante por el meteórico crecimiento económico que ha tenido el exgerente general del organismo asegurador, Martín Fernández.
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