Lunes, 09 Diciembre 2019
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Economía

Después de tres derrames, el juez Pablo Oritja reaccionó y decidió ordenar análisis de sangre a los habitantes de distintas localidades de Iglesia y Jáchal. Con la medida busca diagnosticar si hubo alteraciones en la salud de los ciudadanos de la región. Luego de conocerse lo dictado por el magistrado, el dirigente del Gen y abogado de la Asamblea Jáchal No Se Toca expresó su crítica a respecto.

En 2015, una noticia fatal se diseminó por San Juan y luego corrió por todo el país: un derrame de más de 1.000.000 de litros de solución cianurada se había derramado en la mina Veladero, que explota la multinacional contaminante Barrick Gold. Luego ocurrió otro en 2016 y hace poco, en 2017, uno más. A raíz de tan desafortunada situación, el Juez Oritja dictó la órden de realizar análisis clínicos a los habitantes de las localidades de Angualasto, Malimán, Chinguillo y de la finca Buena Esperanza, todos situados en Iglesia. En tanto, en Jáchal se realizará el mismo trabajo entre los residentes de La Isla, La Represa y Dique Pachimoco.

La notificación de este pedido a las autoridades de Salud Pública provocó reacciones diversas. Algunos vieron la medida como apropiada. Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca fueron críticos a lo ordenado por el juez ya que no confían en los organismos estatales que deberán  hacer el muestreo.

Diego Seguí, dirigente del Gen.
En tal sentido, el abogado Diego Seguí dijo que en referencia al análisis resuelto por el Juez Oritja y "considerando que los informes que pide están dirigidos al Ministerio de Salud Pública, al Departamento de Hidráulica, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la Secretaría de Recursos Hídricos y al Laboratorio SGS, todos organismos del Estado provincial que podrían resultar responsables por los eventuales daños causados por los derrames, los mismos no ofrecen ni garantizan la imparcialidad que la determinación de los mismos exige".

 Además, agregó que "en el caso del Departamento de Hidráulica, se debe advertir que dicho organismo fue el que autorizó la construcción del valle de lixiviación donde se producen los reiterados derrames, y, por la medida solicitada, hoy se pide su evaluación".

"El caso más grosero", dijo Seguí, "quizá sea el del Laboratorio SGS, que es contratista de la empresa responsable de los derrames".

Finalmente, afirmó que "si el juez persiste en que dichas medidas sean cumplidas por los organismos mencionados, no sólo viola el principio de imparcialidad procesal y debido proceso, sino que podría concretarse un encubrimiento y un fraude judicial grave".
Los movimientos se hicieron desde tres cuentas vinculadas al contador del empresario kirchnerista Lázaro Báez y a Fabián Rossi, el exesposo de Ileana Calabró.

Suiza le envió información clave al juez federal Sebastián Casanello por la causa de "La Ruta del Dinero K", por la que está detenido Lázaro Báez. El país europeo le remitió al tribunal datos que confirman el movimiento de millones de dólares de cuentas relacionadas con allegados al empresario K, que entrarían dentro un circuito de lavado de dinero.

De acuerdo a la información que aparece en la documentación el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín -también detenido por esta causa- y Fabián Rossi -exesposo de Ileana Calabró y gestor de SGI-, entre otros, hicieron un total de 139 operaciones por 20 millones de dólares en Suiza, con cuentas que ellos manejaban. También figuran Eduardo Castro y César Fernández, de la financiera.

En el informe se citan dos empresas, SGI ("La Rosadita") y Marketing and Logistic Managment SA. Las transacciones que se hacían a través de estas dos sociedades a través de los bancos suizos PKB Privatbank y el J. Safra Bank están asociadas"a cuentas de la familia Báez".

Estas cuentas estuvieron abiertas por menos de seis meses y operaron en simultáneo entre 2012 y 2013 y los administradores eran ejecutivos y allegados de "La Rosadita", como Eduardo Castro y Gustavo Fernández, además de Rossi, consigna Clarín. En este entramado, además, se menciona a Pérez Gadín.


Los detalles de las cuentas
Los administradores abrieron una cuenta corriente en el Banco PKB de Lugano, Suiza, en mayo de 2012, para manejar de manera "off shore" operaciones de la financiera en la Argentina, con sede en Puerto Madero (donde, como difundió Telenoche, se ve cómo contaban fajos de dólares, euros y pesos a fines de 2012, en pleno cepo cambiario).

Esa cuenta tuvo 37 créditos por una suma de 3 004 979 dólares entre mayo de 2012 y marzo de 2013 y luego fue cerrada sin registrar ningún saldo. Cuatro meses después siguieron los movimientos pero a través de otra cuenta, en el J. Safra Bank.

De acuerdo al Banco el objetivo de esta cuenta era realizar tareas de consultoría y servicios vinculados "a los intereses industriales de la familia Báez". Esta última cuenta registró 33 créditos por 5 040 650 dólares entre agosto de 2012 y abril de 2013 y fue cerrada ese mes, sin ningún saldo.

Otras de las empresas mencionadas y que abrió una cuenta en el mismo banco -J. Safra Bank-, fue Marketing and Logistic Managment SA, una sociedad de origen panameño creada en 2011. Esta fue la que registró más créditos: 69 en total, por 12 002 541 dólares, entre agosto de 2012 y mayo de 2013. Al igual que las otras, fue cerrada sin registrar saldo.
Foto gentileza Diario de Cuyo.
Por E. Simón
@simondixit
Los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia presentaron una ampliación en la denuncia que investiga a José Luis Gioja por supuesto sobreprecio en la contratación de una ART durante su gobierno. Mirá en esta nota los términos del escrito que presentaron.

En el escrito que adelantó en exclusiva El País Diario, los denunciantes se dirigen al Juez Pablo Flores para decirle que siendo el miércoles 19 de abril de 2017, "a las 11 horas, concurriremos al 2° Juzgado de Instrucción Penal, a cargo del Dr. Paulo Flores, en el marco del Sumario Penal n°: 67.399/2017 caratulados: C/ Denuncia radicada en la Fiscalía Correccional N°: 3 turno Marzo 2017 por los Dres. Diego Miguel Seguí y Marcelo Alberto Arancibia S/ Fraude a la Administración Pública a finde solicitar se nos tenga por amigos del Tribunal y para aportar nuevos elementos para la investigación y dilucidación de los hechos denunciados, relacionados a las contrataciones directas por parte el anterior Gobierno Provincial con el Instituto Autárquico del Seguro de la Provincia de Entre Ríos". En esos términos fue presentada la ampliación.

En el texto, firmado por los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia, advierten un posible fraude contra el Estado luego de que en enero, El País Diario publicara una investigación detectando un fabuloso sobreprecio en la contratación de la ART para los empleados públicos de la provincia de San Juan.

Los abogados piden que se investigue por qué se contrató el seguro escolar obligatorio si la Caja de Ahorro ya lo cubría gratuitamente.

Además, denuncian la "falta de consistencia" entre lo que declara el Gobierno como pagado al IAPSER y lo registrado en la contabilidad de la compañía aseguradora.

Asimismo, Seguí y Arancibia ponen en conocimiento del juez un fallo judicial que prohíbe a la nación contratar directamente una ART para los empleados públicos por el perjuicio fiscal que esto genera al Estado. Justamente, el fallo judicial prohíbe lo que Gioja hizo durante 12 años como gobernador.

Por último, los abogados solicitan que se ponga en conocimiento a la fiscalía de la denuncia penal.
Una vez más la escuela 4-169 Doctor Bernardo S. Leiva fue presa de los cacos. El establecimiento está ubicado las calles Jacarandá y Victorino De La Plaza, barrio El Sosneado, ciudad de San Rafael. En esta oportunidad se robaron una ventana completa, con marco incluido. Desidia, decadencia y desamparo, los problemas de una Argentina que sufre atraso moral.

María Esther Bianchetti, directora de la Escuela Doctor Bernardo S. Leiva, ya no sabe qué hacer para parar el destrozo y las pérdidas. Los docentes viven la angustia de no saber si al día siguiente las cosas estarán en su lugar o si se las habrán llevado. Esta es la cuarta o quinta vez que sufre robos. Casi perdieron la cuenta de la cantidad de veces porque, lamentablemente, ya es habitual que las escuelas sean blanco fácil para los ladrones de medio pelo que dañan a todos los alumnos con sus pequeñas y grandes acciones de saqueo.

Habrá que ver si la salida es poner seguridad policial en las escuelas o buscas una transformación cultural que disuada la cultura del saqueo y promueva la cultura del trabajo. No se puede creer el atraso moral en el que se ha sumergido Argentina.

Casino de Mendoza.
Por E. Simón
@simondixit 
A partir de la denuncia anónima de un quinielero, Fiscalía de Estado de Mendoza quiere saber si hubo un "agujero" en el sistema de captura de apuestas para cobrar premios prescriptos del juego de azar. 

Así lo informó diario El Sol. IVISA, la empresa sospechada, tiene negocios en San Juan y Mendoza.

Fiscalía de Estado comenzó a investigar una posible estafa millonaria en el Instituto de Juegos y Casinos, a través del cobro irregular de los premios prescriptos en la Quiniela de Mendoza debido a un “agujero” informático en el sistema de captura de apuestas online en las agencias oficiales.

Entre las sospechas que se tienen en este caso, las miradas apuntan al Grupo IVISA, que maneja los casinos y tragamonedas en San Juan. La denuncia apunta contra la empresa que tiene a su cargo el sistema de captura de apuestas online en Mendoza. Al parecer Fiscalía entiende que no estarían dadas las condiciones de seguridad obligatorias en el difuso sistema que utilizan.

IVISA está a cargo del sistema de apuestas online en Mendoza desde hace 15 años, y, un dato no menor, durante la gestión justicialista se le dio la prórroga del contrato luego de una primera licitación que terminó en escándalo porque las dos oferentes habían aumentado el cánon de retención por apuesta. Aquella licitación se terminó cayendo porque implicaba un perjuicio para el Estado. Luego se hizo un segundo concurso donde IVISA fue la única en competir, pero con una oferta mejor.

En San Juan IVISA nunca tuvo que ir a licitación ya que le dieron todos los negocios de manera directa, sumergiendo a las gestiones de Escobar y de Gioja en un manto de dudas que aún despierta desconfianza, aunque ningún diputado de la provincia haya intentado investigar el tema.


El escándalo de IVISA en Mendoza
Según publicó el prestigioso diario El Sol, el hecho irregular saltó por la denuncia anónima de un quinielero, en octubre de 2016, pero fue formalizada el 15 de febrero de 2017 por la Unión Personal de Juegos y Casinos Mendoza, que le pidió averiguar al fiscal Fernando Simón una serie de hechos que afectaría al patrimonio provincial, considerando que el dinero recolectado en la quiniela alimenta los fondos para programas sociales y de salud, pero también a los empleados del organismo.

A partir del tenor de la denuncia, abogados de Fiscalía de Estado de Mendoza se hicieron presentes en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos para comenzar a recolectar documentación durante cuatro horas.

Desde el organismo de juegos señalaron que no hicieron la denuncia correspondiente porque hasta el momento no tienen pruebas de estas irregularidades y explicaron que, luego de la denuncia, tuvieron que hacer modificaciones en el sistema de cobro.

Los premios prescriptos son aquellas apuestas que resultaron ganadoras pero cuyo plazo para cobrar ya venció y nadie se presentó para hacer efectivo el pago. Cumplido este plazo, 15 días hábiles, estos premios quedan como “ingresos extraordinarios”. Para entender la magnitud, sólo en premios prescriptos se logran juntar pozos que en algunos casos superarían 1 millón de pesos.


¿Cómo se habría implementado este “robo hormiga”?
Diario El Sol explica que según la denuncia, luego de que se realiza el sorteo y se establece la cantidad de apuestas premiadas, por el sistema se ingresa en la cuenta de cada agente oficial el monto de premios y se individualiza cada apuesta premiada. Así, los tickets ganadores sólo pueden ser cobrados en esa agencia oficial donde se realizó.

Estas boletas cuentan con dos series de números que sirven para identificar cada apuesta, a modo de control. Es el ID. Ticket. El primero de estos números de 8 dígitos figura en los listados que emite el sistema para identificar las boletas premiadas. La otra cifra, de 16 dígitos, sólo figuran en la boleta que se entrega al apostador. Esto asegura que el premio sólo puede ser descargado del sistema teniendo a la vista la boleta premiada.

Una vez realizado el pago de premios y descargado del sistema, el agente oficial de quiniela debe remitir la boleta al Instituto Provincial de Juegos y Casinos en un plazo de 24 horas de realizada la descarga, para que la boleta premiada y pagada quede en el organismo de juegos como documentación oficial y comprobante del pago.

Si el apostador no fue a cobrar su premio en los 15 días corridos, esa apuesta ganadora pasa a formar parte del fondo de los premios prescriptos, a través del débito que realiza el  Instituto Provincial de Juegos y Casinos a la cuenta del quinielero para reintegrarlo a las arcas estatales. Dado que el sistema de apuestas es innominado, los premios se otorgan al portador del ticket ganador.

La denuncia verbal del agenciero apuntaba que el sistema había quedado “abierto”: se podía cobrar sin contar con el ticket original. En otras palabras, que se podían descargar del sistema los premios pero sin la obligación de ingresar la segunda serie numérica de seguridad que posee la boleta del ganador.

El cobro se realizaba el día del vencimiento y se descargaban aquellos boletos premiados que no habían sido cobrados, ingresando sólo la primera serie numérica. Por esto, la sospecha es que tampoco se habrían remitido los comprobantes originales al Instituto Provincial de Juegos y Casinos, organismo que preside Josefina Canale. Se trata de montos pequeños, según confirmaron, por eso los definen como “robo hormiga”.



San Juan: Hotel Casino Del Bono,
del Grupo IVISA.
La empresa IVISA en la mira
La denuncia también apunta contra la empresa IVISA, que es la que tiene a cargo el sistema de captura de apuestas online. Según se sospecha, no estarían dadas las condiciones de seguridad obligatorias.

IVISA está a cargo desde hace 15 años de las apuestas online. Además, durante la gestión justicialista se le dio la prórroga del contrato luego de una primera licitación que terminó en escándalo porque las dos oferentes, entre ellas IVISA, había aumentado el canon de retención por apuesta. Aquella licitación se terminó cayendo porque implicaba un perjuicio para el Estado, por lo que se hizo un segundo concurso donde IVISA fue la única en competir pero con una oferta mejor.

Según lo denunciado por el gremio, consideran que esta estafa  los perjudica directamente puesto que el 65 por ciento de los premios prescriptos está destinado por acuerdo paritario a los trabajadores del organismo como bonificación en el sueldo. En tanto, el 35 por ciento restante vuelve a las arcasdel Estado como ganancia para ser dirigido a programas de salud y sociales.

Fuentes: Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza y Diario El Sol
Página 398 de 408