Jueves, 27 Febrero 2020
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Raro que aparezca un episodio de cohecho vinculado al gobierno de Cristina La Muchacha Progre. Raro encontrar el nombre de July De Vido en medio del expediente que desnuda corrupción. 

La constructora brasilera Odebrecht, reconoció en un acuerdo con la Justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza que pagó coimas en Argentina entre el 2007 y el 2014. Fue para quedarse con contratos por U$S 278 millones.

La constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado coimas por US$ 35 millones en la Argentina entre los años 2007 a 2014. En ese período se quedó con contratos de obra pública por la ampliación de gasoductos, la construcción de una planta de agua y de una refinería para YPF, además de, entre otros, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Odebrecht es una parte clave de la investigación del Lava Jato, que tiene en jaque a la clase política brasileña. El presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, lleva preso ya más de un año. Y su “delación premiada” es la que podría arrastrar a los funcionarios de los gobiernos de Lula Da Silva, Dilma Roussef y el propio presidente Michel Temer. En ese contexto, la compañía aceptó pagar una multa de US$ 3.500 millones en Brasil, Estados Unidos y Suiza. “Odebrecht S.A. anuncia la firma de acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Procuraduría General de Suiza para resolución de la investigación sobre la participación de la empresa en la realización de actos ilícitos practicados en beneficio de las empresas pertenecientes al grupo económico”, señaló la compañía en un comunicado.

Según un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que trascendió ayer, la empresa reconoce haber pagado coimas sólo en Brasil por 349 millones de dólares a través de su constructora y otros US$ 250 millones con una filial, la petroquímica Braskem.

El mismo documento detalla luego los pagos hechos en otros países, incluyendo Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Con esas coimas, la compañía obtuvo contratos por 12.000 millones de dólares entre 2001 y 2016, señala la misma información.

La mayor coima pagada por la empresa fuera de Brasil fue en Venezuela: fueron “aproximadamente 98 millones de dólares en pagos corruptos para funcionarios de gobierno e intermediarios para obtener o mantener contratos de obras públicas”, señaló el Departamento de Justicia.

En el caso de la Argentina, el mismo infome dice que fueron 35 millones de dólares para obtener contratos por US$ 278 millones en el período 2007-2014, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.Voceros de la empresa en Buenos Aires se negaron a hacer comentarios sobre el tema.

En esos años, Odebrecht realizó la ampliación de la capacidad de Transporte Firme de Gas a lo largo de 15 provincias. Construyó la planta de potabilización de agua de Paraná de las Palmas, para AySA, y una Planta de Reformado Catalítico en la refinería de YPF en Ensenada. El ministro de Planificación Julio De Vido y el secretario de Obras Públicas José López eran quienes verificaban esos contratos. Jorge "Corcho" Rodríguez, más conocido por haber sido novio de Susana Giménez, era el articulador de esos contactos políticos.

Los proyectos de más visibilidad de la empresa en esos años, sin embargo, fueron la construcción de una vía ferroviaria para la mina de Potasio de Río Colorado, Mendoza, de la brasileña Vale, y el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

La vía ferroviaria de la mina mendocina nunca se hizo, porque Vale canceló el proyecto por la caída del precio de los minerales. Eso provocó un escándalo en su momento por la cantidad de despidos que hubo, entre ellos los de la constructora.

El soterramiento del ferrocarril Sarmiento es una obra gigantesca, de más de 3.000 millones de dólares. Allí el contratista principal era IECSA, la constructora de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. Odebrecht tenía una parte menor del consorcio, pero al no conseguirse la financiación para llevar adelante el proyecto, la brasileña gestionó créditos en el banco estatal brasileño BNDS y se quedó con el proyecto. El primer anuncio de la obra corrió por cuenta de Cristina Kirchner, en agosto de 2008. El ex ministro de Transportes Florencio Randazzo se sacó numerosas fotos en las obras durante su gestión. En la actual gestión, Mauricio Macri cambió la forma de financiación de la obra, que ahora paga el Estado, y Calcaterra retomó el control del proyecto.
Desde ayer, y también durante toda la jornada de hoy, la Municipalidad de Rivadavia realizará controles médicos para los chicos inscriptos previamente en las colonias de verano.

Desde prensa del municipio se informó que a través del Área de Salud se siguen realizando los controles médicos para los chicos inscriptos previamente para las colonias de verano que se llevarán a cabo en el camping Municipal de Rivadavia.

Niños y niñas deberán tener el certificado médico pertinente para poder concurrir a dichas colonias. Es por ello que se está realizando la revisión hoy jueves, de 10 a 15 horas en las oficinas del Área Salud ubicadas en avenida Libertador General San Martín 5141 oeste, Rivadavia.










Luego de una jornada de reuniones en Casa Rosada y el Congreso, el Senado avanzó con la firma del dictamen para el proyecto de reforma de Ganancias consensuado entre Gobierno, la CGT y gobernadores. 

La iniciativa consiguió 14 firmas En la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta y será aprobado este miércoles.

Según supo ámbito.com, el dictamen fue firmado por Juan Abal Medina, Rodolfo Urtubey, Juan Manuel Irrazábal, Dalmacio Mera, Carlos Espíndola, Omar Perotti, Pedro Gustavino, PedroBraillard, Silvia Elías de Pérez, Julio Cobos, Laura Rodríguez Machado, Carlos Caseiro, Jaime Linares, María Ester Labado, María Graciela De la Rosa y Silvia Del Rosario Giacoppo.

Se espera entonces el Senado comience a sesionar desde el mediodía con el objetivo principal de tratar este proyecto para girarlo rápidamente a la Cámara de Diputados, donde sería convertido en ley el próximo jueves.

La firma del dictamen estuvo precedida de dos reuniones encabezadas por funcionarios del Gobierno. La primera reunión fue junto a gobernadores en la Casa Rosada. El segundo encuentro tuvo lugar en el Congreso y tuvo como objetivo explicarle a diputados y senadores los alcances del proyecto de ley.


Detalles de la ley con mandatarios provinciales
Este martes por la mañana el Gobierno selló un acuerdo con los gobernadores para darle luz verde al proyecto de Ganancias consensuado con la CGT. Al respecto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó la "enorme responsabilidad" de los gobernadores y la dirigencia política en la discusión por la reforma al Impuesto a las Ganancias, y confirmó el acuerdo para tratarlo este miércoles en el recinto del Senado y el jueves en el de Diputados, para su sanción definitiva. Frigerio en una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el gobernador de Córdoba, Juan Manuel Schiaretti, entre otros, en Casa Rosada.

El ministro de Hacienda y Finanzas dijo que, con las modificaciones, el nuevo proyecto de Ganancias tendrá un costo fiscal de $ 34.000 millones, $ 7.000 millones más que el previsto en la iniciativa inicial del oficialismo.

La diferencia fiscal, explicó el Gobierno, va a ser cubierta, en un 50%, con una parte de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La otra mitad ($ 3.500 millones), será afrontado por las provincias.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Juan Manuel Schiaretti, consideró que el acuerdo con el Gobierno por Ganancias "genera seguridad jurídica" y "vuelve a la previsibilidad a la Argentina".


Reunión con legisladores en el Congreso
Tras conseguir el aval de los gobernadores, Frigerio y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, explicaron ante diputados y senadores del Congreso los alcances y pormenores del proyecto.

El encuentro duró 45 minutos y fue a puertas cerradas en el Salón Azul del Senado de la Nación. Entre los oficialistas presentes con Frigerio y Peña estuvieron la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el presidente del Interbloque Cambiemos, Angel Rozas; y su par de Diputados, Mario Negri. También entraron al encuentro los radicales Julio Cobos y Silvia Elías de Pérez.

De parte de la oposición estuvieron el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto; secundado por el formoseño José Mayans, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina; y el salteño Rodolfo Urtubey, entre otros. También formaron parte del cónclave los peronistas disidentes Carlos Caserio, Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá.

En tanto, también se reunieron con los funcionarios del Ejecutivo los diputados del Frente Renovador Marcos Lavagna, Graciela Camaño y Margarita Stolbizer; el jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde; y el representante del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Néstor Pitrola.

El proyecto eleva el mínimo no imponible para los casados con dos hijos a 37 mil pesos (30.500 de bolsillo) y a 28 mil pesos (23.200) para los solteros. También se establecen tres tipos de deducciones: a la ganancia mínima, por familiares y las deducciones especiales.

Además, se establecen beneficios para los trabajadores por viáticos y horas extras y se establece en un 22 por ciento el monto que pueden deducir los trabajadores radicados en la Patagonia por zona desfavorable.

Se reconocen las horas extras y los viáticos con un límite de deducción de hasta el 40 por ciento, salvo en las actividades vinculadas al transporte de larga distancia que no tienen límite. Además, las remuneraciones especificadas como material didáctico para educadores pueden ser deducidas hasta un 40 por ciento.

También, quienes ingresen al Poder Judicial, jueces o empleados, y al Ministerio Público, fiscales, a partir de enero de 2017 pagarán impuesto a las ganancias. El impuesto al juego fue modificado. El tributo por máquinas fue reemplazado por un incremento a las ganancias de los juegos de azar de 35 al 41,5 por ciento. Además, los juegos de azar pagarán un 0,75% por apuesta y los on line un 2,5%.

Fuente: Ámbito Financiero
El juez federal pidió buscar información en Energía y Medio Ambiente sobre un decreto reglamentario que Macri estaría a punto de firmar para licuar los límites de la ley de Glaciares. Investiga incumplimiento de deberes de funcionario y abuso de autoridad.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy allanar los ministerios de Energía y Medio Ambiente en la causa en la que se investiga la violación de la ley de Glaciares por parte de la multinacional Barrick en la mina Veladero, de San Juan.

Diego Seguí, figura clave
en la demanda.
Casanello pidió el allanamiento a la División Delitos Ambientales de la Policía Federal a partir de una presentación de Diego Seguí y Enrique Viale, los abogados de la Asamblea "Jáchal No se Toca", que nuclea a los pobladores afectados por el derrame de un millón de litros de cianuro de setiembre de 2015.

Con esa información, el magistrado requirió la presentación de personal policial en las oficinas del ministerio de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman (San Martín 451 de Capital Federal) y en el Ministerio de Energía y Minería que orienta Juan José Aranguen (en Av. Paseo Colón 171) para que pongan a disposición "en forma inmediata" cualquier documento que guarde relación con la información que presentaron los querellantes.

"Ante el eventual caso de que los Ministros y/o funcionarios públicos que correspondan a dichos Ministerios no cumplieran la comanda judicial, la división Delitos Ambientales quedará automáticamente autorizada a PROCEDER AL ALLANAMIENTO EN EL DÍA DE LA FECHA Y CON HABILITACIÓN DE DÍA Y HORA de los Ministerios", escribió Casanello. Los allanamientos se cumplieron hoy en horas de la tarde.

Viale y Seguí presentaron un escrito en el que acompañaron copia de lo que -según manifestaron- sería un proyecto de decreto reglamentario de la ley 26.639 –o “ley de glaciares”- y un documento en power point ilustrativo. "Habrían sido elaborados por técnicos de los ministerios de Bergman y Aranguren con el objetivo de "alterar el espíritu de la ley 26.639 al adoptar un criterio mucho más laxo en cuanto a la protección de glaciares y ambiente periglacial y a la forma de inventariarlos por parte del IANIGLA (el organismo encargado de inventariar los Glaciares)".

Quique Viale, un protagonista de
la lucha por el medio ambiente.
La causa judicial en la que Casanello interviene se inició después de los derrames de cianuro de Barrick en la mina Veladero de San Juan, en los días 12 y 13 de setiembre de 2015 y 8 de setiembre de 2016.

La querella reclamó desde el comienzo el cierre de la mina por haber incurrido en la violación de la Ley de Glaciares. Pero además apunta a los “diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales los cuales estarían directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero, y con los derrames producidos.

Según Viale y Seguí, si la autoridad de aplicación de la ley 26.639 (Ministerio de Ambiente y ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y el organismo encargado del inventario y monitoreo del estado de glaciares y ambiente periglacial (IANIGLA) hubieran cumplido con las obligaciones dispuestas en la mencionada ley, los derrames no habrían sucedido.

Los allanamientos en los ministerios de Begman y Aranguren se concretaron esta tarde, según confirmaron a BigBang desde el juzgado de Casanello.

En un operativo similar en el ministerio de Ambiente y el Ianigla, la Justicia encontró un documento oficial que demostraba que el gobierno nacional tenía previsto autorizar 40 proyectos mineros en zonas prohibidas.

La decisión de Casanello de hoy puede anticipar nuevos movimientos que traigan dolores de cabeza a funcionarios del kirchnerismo (¿y también del macrismo?) en la causa caratulada “Ianigla y otros” según violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y averiguación de delito.

Los más comprometidos son los dos últimos secretarios de Medio Ambiente de Cristina Kirchner (Sergio Lorusso y Juan José Mussi), y el sanjuanino ex secretarío de Energía Jorge Mayoral.

Pero también puede complicar a las autoridades del Ianigla con su coordinador Gustavo Costas y al propio ministro Bergman, si se comprueba que trabajó en un proyecto para licuar los límites de la Ley de Glaciares, incluso después de producidos los derrames de milones de litros de cianuro.

Fuente: Big Bang News
Por Carlos Munisaga
@carlosmunisaga 
Cuál es el sentido de someter a un procedimiento de ficción a los abogados que pretenden acceder o avanzar en la magistratura, si es el poder político el que decide de antemano quién será propuesto para su designación a la Cámara de Diputados.

Y no quiero hacer un juicio de valor sobre esto último, ya que así funcionó el sistema desde los orígenes de nuestro Estado Constitucional de Derecho tanto en la nación como en la provincia.

Pero sí hay que reafirmar que el fin que se tuvo con la creación del Consejo de la Magistratura para atemperar la voluntad política en la designación de jueces ha quedado vaciada y sin sentido a partir de la conducta reprochable de los jueces de la Corte que han integrado el organismo, acompañando con plena identidad la decisión del poder político.

Es ésta la actitud repudiable que ha tomado el Juez de la CJSJ Dr. Humberto Medina Palá en el último concurso para cubrir la vacante en la CJSJ, no porque haya coincidido plenamente con la decisión del estamento político, sino porque ha perdido la gran oportunidad de valorizar y de poner a esta institución constitucional en sintonía con su espíritu de creación y se ha confirmado la hipocresía de su funcionamiento, vacío de sentido y finalidad cuya responsabilidad exclusiva es de los jueces de la Corte que han integrado el Consejo de la Magistratura en los últimos 20 años.
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