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El Sumo Pontífice saludó a los miles de fieles que se congregaron para la primera celebración que oficiaró en Cuba. Raúl Castro y Cristina La Muchacha Progre asistieron a la ceremonia y dijeron "amén".

Francisco dio un mensaje a los fieles que se reunieron en La Habana para su primera misa en Cuba. "Quien quiera ser grande, que sirva a los otros y no se sirva de los otros", dijo el Papa durante la celebración en la Plaza de la Revolución.

"Servir significa en gran parte cuidar la fragilidad, significa a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Son los rostros sufrientes desprotegidos a los que Jesús invita a amar", señaló durante su homilía. Y concluyó: "Quien no vive para servir, no sirve para vivir".
Viernes, 18 Septiembre 2015 12:33

Las cuentas rojas del oro sanjuanino

Por
Por Silvia Marcet 
El gobierno de San Juan promociona su modelo de desarrollo basado en la minería a gran escala. Pero el cobro de regalías a empresas extranjeras ha sido al menos dudoso desde los primeros pasos de su proyecto emblema, el que explota la firma canadiense Barrick, en Veladero. Con un debate ambiental silenciado, medios amordazados por la pauta oficial y una población entregada a absorber el derrame económico, el Tribunal de Cuentas de la provincia acaba de advertir que si se aprueban las liquidaciones del oro extraído se ocasionará un perjuicio millonario al Estado.
Aclaración de la autora: Esta es una nota que escribí en marzo de 2009 para la revista "Generación", auspiciada por un empresario local independiente, quien no pudo seguir imprimiéndola mucho más allá de un año. Como medio alternativo, tuvo desde 2007 apariciones mensuales, on line. El artículo habla del aspecto económico de la industria minera en San Juan y de la experiencia peruana.

“La minería moderna despierta una guerra en cada comunidad a la que llega. Inmediatamente divide las aguas y cada grupo hace lo que sea para ganar”, dijo en voz baja Doris, la encargada de mostrar a los visitantes las bondades de Pierina, la mina más grande de la empresa canadiense Barrick Gold en Perú. Convencida de estar del lado correcto, la guía peruana pronunció la frase con una sonrisa comprensiva, ante las preguntas de esta periodista sanjuanina. Minutos más tarde, el gerente de Asuntos Sociales y Desarrollo Sostenible del emprendimiento, Guillermo Manrique Franco, cerró la ecuación: “Las poblaciones cercanas a la mina son nuestra contención social frente a conflictos”.

Se refería a una centena de familias descendientes de indígenas, habitantes de laderas de 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar, en la zona central de la Cordillera de los Andes. Una población acostumbrada a soportarlo todo, como ellos mismos se encargaron de relatar: desde frecuentes aludes del poderoso Huascarán- el segundo pico más alto de los Andes; pasando por terremotos devastadores y una historia de dominación y trabajo forzado: primero los incas, más tarde los españoles, luego la guerra entre el Sendero Luminoso y el ejército peruano en las puertas de sus ranchos. Y, como telón de fondo, una sucesión de gobiernos indiferentes a la pobreza.

Para el contingente de reporteros sanjuaninos, la primera impresión al bajar del vuelo charter de Barrick en el lugar, fue un asombroso contraste entre la globalización y el estado más primitivo del hombre. El segundo impacto: la visión del esmerado trabajo de alfabetización y manutención que la megaempresa estaba realizando en el seno de una población suspendida en el tiempo.

Corría octubre del 2007 y la misma minera que tiene a su cargo la explotación de Veladero en San Juan, pagaba aquella excursión para promocionar su trabajo comunitario y su cuidado con el medio ambiente en el mundo. Los viajeros quedamos impresionados al ver sonrientes campesinos, florecientes cultivos y saludables cabras dando vueltas a 4.200 metros de altura y a 200 metros de un valle de lixiviación con cianuro a cielo abierto. Sin embargo, en mi caso, quedó también la sensación de haber recorrido sólo la parte turística del negocio.

Pero claro, de eso nadie habló ni fue posible hablar en San Juan. Porque esta provincia se ha propuesto ser ejemplo nacional de desarrollo económico en base a la megaminería hace más de cinco años. Para el gobierno, es el pilar básico de su gestión. Para la población, un dogma que no se toca. Y para el periodismo dependiente de la pauta oficial, el asunto ni siquiera es tematizable.

Lo vidrioso del rédito económico por la explotación de recursos no renovables que efectivamente se da en Perú, se repite en San Juan. Aquí, la experiencia en la gestión del cobro de regalías ha sido ineficaz desde los primeros pasos de Veladero.

A finales de 2007, Barrick realizó una rectificación del pago de las regalías por las cinco primeras  partidas de metal doré que sacó de las montañas (de la mina sanjuanina no se extrae oro puro sino una mezcla más barata de oro, plata y otros minerales). Por entonces, los diputados encargados de revisar las cuentas de la Secretaría de Minería de la Provincia, reconocían en conferencias de prensa que la firma canadiense había pagado mucha menos plata de la que correspondía por ley. Incluso aceptaban que la empresa había deducido sistemáticamente del pago de regalías costos no correspondientes. Eso sí, muy promocionados en todos los medios como inversiones propias del “compromiso social empresarial” e “inversión en la sustentabilidad de las comunidades”; además de fondos de remediación ambiental e insólitos gastos de abogados en oficinas de Canadá. Por estas razones, los legisladores locales hablaron de clarificar la ley provincial de regalías, mientras funcionarios del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) continuaban pidiendo mayores controles y en la Nación se coqueteaba con proyectos para aumentar el valor del canon minero.

Dos años después, en marzo del 2009, el Tribunal de Cuentas de la provincia – con un directorio renovado- decidió por mayoría desaprobar nuevamente una cuenta anual de la Dirección de Minería. Ya había rechazado el ejercicio 2006. Y volvió a hacer lo mismo con el de 2007 bajo un argumento idéntico: la repartición estatal aún no se expidió sobre las declaraciones juradas que presentó Barrick por el pago de regalías.  A la causa la instruyó el vocal que designó la segunda fuerza política de la provincia: "el basualdismo", desde donde habían abierto el debate de fondo cuando advirtieron que las regalías se estaban calculando mal y que la provincia perdía plata. Desde Minería dijeron que todavía no resolvieron las presentaciones de la empresa porque es un tema complejo que están analizando. El presidente del organismo Isaac Abecasis, y los vocales Fernando Manrique y Pedro Belenguer discreparon con sus dos compañeras Laura Yanzón y Graciela Chávez. Ellos votaron por desaprobar la cuenta de Minería y formularle reparos porque la repartición estatal aún no sabe si las declaraciones juradas de Barrick están bien.

El fallo dividido en contra de la aprobación de la rendición de cuentas no es más que una consecuencia de un debate mucho más profundo que abrió la segunda fuerza política en la provincia en 2006 a través de Ricardo Basualdo, el representante que tenía en el Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). Denunció públicamente que el 3% de regalías que paga Barrick se debe calcular sobre el metal extraído y no sobre el que comercializa la empresa, como lo hace Minería. Hasta noviembre de 2007 la provincia cobró 47 millones de pesos y según sus estimaciones, debería haber percibido el doble.

Sin un marco legal claro, y con cuentas confusas desde hace dos años, sigue en firme la construcción de otro mega proyecto de Barrick: la hermana mayor de Veladero: Pascua- Lama.

El marco legal
La Ley de Nacional de Inversiones Mineras 24.196, su complementaria de Regalías Nº 25.161, junto con Código Minero de la Nación, las leyes provinciales 7.029 y 7.281 y el contrato de explotación del área Veladero indican expresamente que las empresas mineras deben pagar a la provincia de San Juan el 3% del valor boca de mina de los metales extraídos. Además, debe pagar al Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras el 0,75%, ya que este organismo es titular del derecho minero en San Juan.

El mecanismo indica que la firma debe hacer una declaración jurada con la cantidad y calidad del metal que extrae de las montañas sanjuaninas, en tanto que los controles están a cargo de la Secretaría de Minería. Hasta mediados de 2007 Barrick realizó cinco declaraciones juradas, entre las cuales aportó a las arcas del estado un total de 21 millones de pesos. Pero en cada uno de esos pagos hubo desfases en el cálculo del valor bocamina, lo que significó menos plata para el fisco. Esto fue reconocido por parte de la empresa y también por la Secretaría de Minería. 

Costos directos e indirectos 
En un escrito elevado el 11 de julio de 2006 por el vocal del IPEEM Raúl Montero al presidente de ese instituto, Ismael Azcurra, se indica que pese a que en el artículo 22 bis de la Ley 25.161 se detallan explícitamente los costos a deducir de las regalías en la extracción de minerales, las primeras declaraciones juradas de Barrick exponen la deducción costos no previstos en la norma citada. El ingeniero Montero enumera costos ilegales que corresponde rechazar, por ser “indirectos” al proceso de exploración y extracción. 

La resta de estos costos fue reiteradamente cuestionada por diputados de la oposición Armando Campos, el bloquista Argentino Pareja y Mario Capello. Pero también el resto de los legisladores coincidió en reconocer los errores, en tanto que el director del área técnica de la Secretaría de Minería, Daniel Perucca, prometió enmendar errores “en adelante” y “sobre la marcha”. Otro tanto expresó el por entonces director del IPEEM, Ismael Azcurra.  



Los costos deducidos por Barrick en forma ilegal 
(Gastos fijados como indirectos y no deducibles según el Art. 22 bis de la Ley Nacional 25.161)  
  • Presidencia
  • Asuntos corporativos
  • Servicios legales corporativos
  • Impuestos a los débitos y créditos bancarios
  • Derechos mineros
  • Relaciones Públicas
  • Desarrollo social (las autoridades provinciales y la empresa reconocen ante la Cámara de Diputados que en este rubro se ubican las inversiones que se hacen en concepto de “desarrollo sustentable de las comunidades”, es decir: donaciones a escuelas del departamento de Iglesia, capacitación a trabajadores rurales, arreglos en plazas y monumentos de la comunidad cordillerana. En otras palabras: se cobra a los sanjuaninos lo que se publicita como una inversión privada, motivada por el interés social empresario.
  • Alojamiento en San Juan
  • Programas de incentivo a empleados (Programa “Bob Smith” y Programa de Jóvenes Profesionales)
  • Acuerdos con el gremio
  • San Juan - Buenos Aires Office
  • Permisos
  • Intereses
  • Remediación ambiental
  • Retención a las exportaciones
  
 La primera vez 
 “San Juan es pionera en este tipo de emprendimientos por lo que es normal que se den estos errores en un comienzo. Es la primera vez que se hace esto y por eso es difícil, también debe haber sido difícil en otros lugares del mundo en el comienzo. Pero esperamos clarificar y ajustar las posteriores declaraciones sobre la base de la experiencia”, justificó el director del área técnica de la Secretaría de Minería, Daniel Perucca, cuando se le cuestionó en 2006 por los desfases. Luego de estas declaraciones, tres pagos más se efectuaron sin corrección alguna. El ejemplo de San Juan para el resto de las provincias que quieran asomarse a la minería a gran escala, dejaba mucho que desear.     


CRONOLOGÍA

17 de octubre de 2005
La pregunta inicial. El único vocal del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) que no responde al oficialismo local, el bloquista Raúl Montero, cuestiona la efectividad del organismo oficial para controlar Veladero y el resto de los proyectos de minería en la provincia.


20 de septiembre de 2005
El silencio. El presidente del IPEEM que responde al oficialismo, Ismael Azcurra, se niega a hablar sobre los cuestionamientos.

26 de septiembre de 2005
Al Tribunal de Cuentas. El ingeniero Montero eleva un pedido formal al presidente del Tribunal de Cuentas, Isaac Abecasis, solicitando que se “investigue y determine si la falta de controles puede producir algún perjuicio a la provincia y en particular al IPEEM”. Según el bloquista, al momento de su presentación en el Tribunal de Cuentas, el Instituto no cuenta con el instrumental y el personal necesario para verificar. "Lo planteé inicialmente en el seno del Instituto y se elevó al gobernador, pero esta forma personal que tiene de manejar las cosas muy centralizadas creo que demoró la constitución de grupos de contralor y trabajo", asegura el funcionario.


6 de Marzo de 2006
El Tribunal de Cuentas ordena al Ejecutivo provincial “que se arbitren los mecanismos necesarios para que el IPEEM pueda llevar a cabo efectiva y eficientemente las funciones de control encomendadas, y en particular ejercite dicha función respecto del cumplimiento de MAGSA (empresa argentina operadora de Barrick) de sus obligaciones contractuales con la provincia y con IPPEM”, Asimismo, solicita que el control se dirija a “la verificación del volumen físico de las substancias extraídas en boca mina, por ser la base del cálculo de regalías”.

9 de marzo de 2006
El presidente del Tribunal, Isaac Abecasis, informa a los medios que ha dispuesto una investigación con el objetivo de determinar "desde cuándo la empresa está extrayendo minerales" y si el Estado está controlando. El entonces director de Minería, Ricardo Bustamante, asegura que  la empresa comenzó a sacar metales de la mina en octubre del 2005. Desde la empresa canadiense no se emiten declaraciones.

15 de marzo de 2006  
Más preguntas. Montero solicita formalmente a Ismael Azcurra información sobre Veladero: “fechas de comercialización, trabajos de la comisión técnica contratada para controlar, informes presentados por esta comisión, control del cálculo del derecho de exploración, avance del proyecto, y cualquier otra información”, además del reinicio de las reuniones mensuales con el gerente general de MAGSA. El bloquista asegura que todos estos datos se esperan en el instituto desde hace meses.

    
30 de junio de 2006
Noticia nacional: la empresa Barrick, que cotiza en el mercado mundial, deposita 4.459.351 pesos en las cuentas del Estado sanjuanino, en concepto de lo acumulado desde octubre de 2005 a abril de 2006 por la extracción de recursos no renovables ubicados en la provincia. La minera había presentando el día anterior su primer declaración jurada consignando la composición del metal comercializado, precio de venta, costos deducidos y la base sobre la que se calculó el 3% de regalías.

10 de julio de 2006
Ahora son dos los miembros del IPEEM que cuestionan: el bloquista Raúl Montero y el ex basualdista Ricardo Basualdo objetan la declaración jurada de Barrick, por considerar que “se usaron criterios que no corresponden por ley y así se justificaron mayores gastos dando como resultado menos aportes de regalías”. El planteo se da dentro del plazo de 60 días que la autoridad de aplicación del control, la Secretaría de Minería provincial, tiene para revisar la declaración jurada. Por su parte, el presidente de IPEEM, Ismael Azcurra, asegura por ser el primer pago de regalías, “el mecanismo tenderá a perfeccionarse, hablándolo con la empresa”.

11 de Julio de 2006
Nuevos pedidos de informes. Raúl Montero eleva una nota al secretario de Minería de la Provincia, Felipe Saavedra, en la cual indica que la declaración jurada de Barrick jamás fue controlada ni auditada. También envía nota al presidente del IPEEM, en la que explica que los informes entregados al instituto hasta la fecha no presentan “declaración de los volúmenes del mineral procesado, ni el lugar ni fecha de donde han sido extraídos, ni la ley de cabeza, es decir, esta y toda otra información que justifique que los costos operativos a deducir correspondan con los declarados”.

22 de febrero de 2007
El decreto esperado. El Poder Ejecutivo de la provincia aclara mediante el Decreto 0167 que los costos a deducir de regalías corresponden sólo a operaciones de exploración y explotación. Discrimina claramente los costos indirectos del proceso y fija un plazo de 30 días hábiles para la adecuación de las declaraciones juradas presentadas.


¿En carpeta o en cajón?
El titular del bloque oficialista en Diputados, Daniel Tomas, anuncia que se preparan proyectos de ley que enmarquen las nuevas aclaraciones económicas para la actividad minera. Luego, en abril, la Cámara retrasa el tratamiento en el recinto de un proyecto de resolución del oficialismo por el cual el canon minero aumento su valor de 80 pesos a 250. El proyecto atiende a una actualización básica al valor dólar, ya que el monto de 80 pesos anuales “por pertenencia” (unidad de terreno de explotación de 300 por 200 metros) data del año 1995, cuando existía paridad cambiaria con la moneda estadounidense. La medida de San Juan apunta a llegar al congreso de la Nación, donde el diputado Juan Carlos Gioja (hermano del gobernador José Luis Gioja) con un proyecto que avala la resolución local, la cual exige la modifición del Código minero de la Nación para su real aplicación.

La importancia económica de la modificación del canon es multiplicadora porque su valor es el parámetro para fijar el monto de sanciones por falta de cumplimiento de leyes. Sin embargo, la ley se demora en la cámara local. Paralelamente, el mismo diputado Juan Carlos Gioja, aduce que “no se hablará de modificar ley de regalías hasta tanto se instale Pascua- Lama”.
Raúl Montero continúa sosteniendo que el decreto 0167 no termina con las irregularidades y llama la atención sobre la remoción de toda la cúpula administrativa local de Barrick.

13 abril de 2007
El secretario de Minería Felipe Saavedra declara que es inminente la rectificación de Barrick, en momentos en que la empresa es sancionada por incumplir normas ambientales ratificadas en su propia declaración de Impacto Ambiental (quema de plásticos en el terreno de la mina). El caso pasa desapercibido para la opinión pública y no trasciende a la Justicia local.

17 de abril de 2007
Ricardo Basualdo, director vocal del IPEEM vuelve a la carga contra Barrick: quiere que se declare la oposición a las cinco declaraciones juradas de la minera, y a que considera que nunca cumplieron con la totalidad de los requisitos exigidos por la ley Provincial 7.281. “Lo que se liquida es el 3% del metal doré pero no de todo el mineral que se extrae de la mina”, asegura en un comunicado de prensa.

26 de abril de 2007
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Provincial Nº 0167/2007 que entró en vigencia ern fecha 10 de marzo de 2007, la empresa canadiense cumpleen presentar un reajuste a la confección de todas las declaraciones juradas que se presentaron en la Secretaría de Minería desde el inicio de la operación Veladero. Canceló la suma de 1.423.273 pesos en concepto de diferencia adeudada por el pago de regalías a la provincia y 297.032, 88 por derechos de explotación al IPEEM.  El ajuste corresponde a las declaraciones juradas realizadas a partir del primer bimestre de comercialización (marzo-abril de 2006) y hasta el quinto bimestre inclusive (noviembre- diciembre de 2006).

10 de marzo de 2009: 
El director de Minería de San Juan, Juan José Bustamante, reconoce que no han aprobado ninguna de las declaraciones juradas de 2006 y 2007. Explica que es un tema "complejo” y agrega: “vamos a discutir un tiempo, cuando estemos seguros que las declaraciones juradas están bien, vamos a resolver". 

Fuentes: entrevistas a ex vocales del IPEEM Raúl Montero y Ricardo Basualdo. Declaraciones de diputados provinciales en conferencias de prensa. Publicaciones en Diario de Cuyo de San Juan y Diario “La Primera” de la región de Huaraz, provincia de Ancash, en Perú, Robin Hood Ipanaqué
Norberto Salvador Ruiz defendió la decisión judicial y explicó cuáles fueron los principales argumentos que llevaron a los camaristas a tomar esa postura, que fue apelada ayer por el kirchnerismo.

El juez Salvador Norberto Ruiz, integrante de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán, defendió el fallo que dispuso la anulación de las elecciones provinciales y explicó cuáles fueron los principales argumentos que llevaron al tribunal a adoptar esa decisión judicial que fue apelada ayer por el kirchnerismo.

Ruiz, uno de los jueces que anuló los comicios del 23 de agosto celebrados en la provincia, ratificó que aquí "no interesa el tinte político", sino "el vicio del procedimiento que conculca la libertad de elegir de los votantes".

"El procedimiento estaba viciado. No se pronuncia sobre quién tiene que ganar, ni con cuántos votos tiene que ganar uno u otro; no interesa el tinte político de los contendientes, sino el vicio del procedimiento que conculca la libertad de los electores de elegir, a eso apunta el fallo", enfatizó el camarista en declaraciones a radio Vorterix. Y añadió: "Si está viciado, es lógica consecuencia que se ordene que se vuelva a votar".

Además, indicó que el tribunal no es el competente para determinar o no la existencia de un delito electoral porque eso corresponde al fuero penal, y remarcó que lo que analiza el fuero en lo Contencioso Administrativo es "la magnitud y la trascendencia de esos vicios y cómo esos vicios inciden en la voluntad popular".

"Estamos convencidos de que esos vicios tergiversaron el resultado", subrayó al ser consultado sobre el impacto que tuvo ese accionar.

Por otro lado, precisó esta mañana que el tribunal reveló que llegó a la conclusión de anular las elecciones por la cantidad de medios probatorios aportados por las partes, entre ellas, videos del programa de Jorge Lanata sobre clientelismo y una nota periodística de LA NACION sobre la entrega de bolsones de comida por votos.

"El que lea el fallo no puede salir a decir que por el programa de Lanata el tribunal se ha pronunciado. Si ve los fundamentos del fallo, hay doctrina y jurisprudencia en abundancia. Lo que se toma es la declaración de Alperovich y Manzur al diario La Nación y Clarín (sobre entrega de bolsones de comida) y los videos que él lleva a su programa" de televisión, puntualizó Ruiz.

El kirchnerismo desplegó ayer una fuerte presión sobre la justicia tucumana para conseguir cuanto antes que se revierta el fallo judicial que anuló por fraudulentas las elecciones celebradas el 23 de agosto.

El gobernador José Alperovich recurrió a la amenaza de una intervención federal de los tres poderes de la provincia en el caso de que los jueces no den una salida rápida de la crisis.

Aunque también espera que todo se resuelva en los tribunales, la Casa Rosada respaldó la estrategia de presión.

El gobierno provincial presentó anoche una apelación ante la Cámara que el día anterior había declarado la invalidez de los comicios. El tribunal debe girar el trámite a la Corte provincial. Hasta anoche no había una respuesta al planteo, que deberá ser contestado hoy, antes de las 20, que es el plazo previsto para que el fallo dictado por Ruiz y Ebe López Piossek quede firme.
El juez Oritja dio lugar al recurso de amparo que presentó un vecino del distrito. Asimismo la Justicia obligó a la empresa a abastecer de agua potable a los departamentos Jáchal e Iglesia. Un grupo de manifestantes cortó el ingreso a la mina de la transnacional en Tudcum. Desde el Gobierno dieron a conocer que la contaminación es cero. Aunque, se sabe, Barrick y Gobierno siempre fueron aliados. ¿Hay que creer?

Ayer miércoles por la tarde el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, dio lugar a un pedido de suspensión de actividades de la mina Veladero que envió un vecino del departamento. El magistrado decidió también que la empresa Barrick, a cargo de la explotación y el saqueo, deberá abastecer de agua potable a los departamentos de Iglesia y Jáchal.

Por su parte, un grupo de vecinos realizó un corte de ruta en el ingreso a la localidad de Tudcum. El objetivo de los manifestantes fue interrumpir el ingreso a la mina que es castigada por un temporal de fuertes vientos que impide que suba o baje el personal de la empresa explotadora.

Cero contaminación según el Gobierno pro minero que nunca contrló a Barrick
El ministro de Minería, Felipe Saavedra, informó oficialmente que no se detectó presencia de cianuro en ninguno de los nueve ríos del área de influencia de la minera Veladero, explotada por la transnacional Barrick Gold. Esta información surge, según la palabra oficial, de las mediciones obtenidas por el monitoreo hecho en esos lugares.

La comunicación oficial lleva la firma del técnico Saúl Fabián Díaz, a cargo de la Dirección de Fiscalización y Control Ambiental Minero. Y dice: "Los valores de cianuro obtenidos durante el monitoreo de las cuencas del área de influencia, directa a indirecta del proyecto Veladero, obtenidos mediante el método colorimétrico, son los siguientes: Río Potrerillos 0,0; Río de las Taguas 0,0; Río de la Palca 0,0; Río Blanco 0,0; Chinguillo 0,0; Angualasto 0,0; Maliman 0,0; Dique Cuesta del Viento 0,0 y Río Jáchal 0,0”.

Corresponsal en Jáchal: Daniel Illanes Berón


San Juan, 16 de septiembre de 2015: Entrevista de Jorge Lanata a Ernesto Simón por el derrame de agua cianurada en Valadero, mina a cielo abierto explotada por Barrick. San Juan - Argentina.
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