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Lunes, 03 Junio 2019 16:02

La Corte confirmó que la Ley de Protección de Glaciares es constitucional

Por El País Diario

El fallo saldría mañana y aún no se sabe si será por unanimidad. La Corte Suprema de Justicia dictaminó que la Ley de Protección Glaciares vigente en Argentina es constitucional.

De este modo termina con 12 años de incertidumbre respecto a 40 proyectos mineros que actualmente violan la norma o estarían a punto de violarla cuando se pongan en marcha.

La ley habla de la posible afectación al ambiente y garantiza los recursos hídricos de buena parte del país.

El fallo, que saldría publicado este martes 4 de junio, da respuesta a la demanda presentada por la empresa minera contaminante, Barrick Gold, que tiene a su cargo el proyecto Veladero, desde donde se saquea oro y plata de los argentinos para negociar en el capitalismo mundial.

La ley de presupuestos mínimos, tuvo desde su aprobación, en septiembre de 2010, una fuerte resistencia por parte del sector minero que apeló ante la Justicia.

Las empresas más poderosas del mercado de explotación de metales presionaron a los gobernadores de las provincias que apoyan la actividad. Incluso hicieron lobby con el presidente y algunos de sus ministros para torcer el rumbo de la norma y declarar la ley inconstitucional.

Por ahora no lo lograron.

En el cuerpo de la ley, los artículos 2 y 6 son los más cuestionados por la piratería internacional. El primero se refiere a la superficie de protección de los cuerpos de hielo y de roca, lo cual delimita dónde empieza y dónde termina la superficie glaciar. El otro se refiere a las actividades prohibidas en esa superficie.

Desde la Cámara Minera se expresaron mediante un comunicado , indicando que "la Cámara Argentina de Empresarios Mineros considera que proteger los glaciares es fundamental, y resguardarlos es una obligación ineludible de la sociedad en general. Hemos asumido el compromiso realizar nuestro trabajo en forma respetuosa con el ambiente. Y entendemos que toda actividad productiva sólo debe realizarse en aquellas zonas donde pueda garantizarse el cuidado de las fuentes hídricas. Trabajando en forma responsable y transparente, demostramos que la industria minera puede impulsar un sano desarrollo sustentable".

Según el inventario de glaciares, en Argentina hay 16.968 glaciares: 16.078 sobre la Cordillera de los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur. Entre todos ocupan una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados, un tamaño equivalente a 41 veces la ciudad de Buenos Aires. Estos cuerpos de hielo ubican al país en el segundo lugar de América Latina en términos de recursos de agua dulce y entre los primeros 15 estados del planeta con reserva de agua dulce.

Santa Cruz contiene la mayor superficie de glaciares del país, unos 3.421 km2 y 2.420 unidades.

Mendoza ocupa el segundo lugar, con 1.239 km2 y 4.172 cuerpos inventariados.

San Juan ocupa el tercer lugar en cuanto a mayor superficie a nivel nacional.

Luego siguen en menor escala Jujuy, con 9,5 km2 distribuidos en 255 cuerpos. Y Tucumán, que tiene 10 km2 y 122 cuerpos.

Los glaciares, además de un recurso estratégico de abastecimiento de agua dulce, son muy sensibles al cambio climático, de hecho varios de ellos como el Upsala y el Fitz Roy, en Santa Cruz, dan muestra de la retracción que han sufrido en las últimas décadas a causa de este fenómeno global.

El ambiente periglaciar, para los expertos, es aquella zona que reúne suelos congelados permanentes en los que la temperatura se encuentra por debajo de los 0 grados por más de dos años.

Repaso de una ley con historia

El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.

La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó "El veto de Barrick", aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.

Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.

Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.

En 2018 se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.

Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la Ley de Glaciares, es decir, que en términos ecológicos, su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua dulce. A esos datos accedió el Juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan que lleva adelante la asamblea Jáchal No Se Toca y que patrocina el abogado Diego Seguí.

Son 40 proyectos de gran envergadura, ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca, que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.

La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.

En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto.

El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a Cristina Kirchner acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.

No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte Suprema, el borrador ya circula entre los jueces. Por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.

"Las vocalías están comenzado a definirse", aseguró una alta fuente judicial, que además añadió: "El fallo definitivo podría estar antes del receso del mes de julio". Todo indica que la vocalía del cortista Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se comprometió con la causa de la asamblea Jáchal No Se Toca.

A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. Es decir que fallarían en favor del medio ambiente y del cuidado de esos gigantes de hielo, verdaderas reservas de agua dulce para nuestro país. Es una definición que perjudicaría el negocio de la minería tansnacional. Es decir, que podría dejar afuera a grandes empresas del sector, tal el caso de Barrick Gold y Minera Andina del Sol.

"Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo", advirtió el abogado ambientalista Enrique Quique Viale. "Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico", aseveró.

Sigue Viale, "la Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional".

"La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo", concluyó Quique Viale.

Básicamente, lo que planteó Barrick Gold en ese momento, avalada por el entonces Gobernador José Luis Gioja, es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad.