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Viernes, 07 Junio 2019 00:04

Empresarios de San Juan en la causa donde piden prisión para Cristina

Por Ernesto Simón

Se trata de una causa derivada de los Cuadernos de Centeno. El Juez Bonadio embargó a la expresidenta por 11.000 millones de pesos. Hay tres sanjuaninos entre los 100 procesados.

El Juez federal Claudio Bonadio amplió el procesamiento contra la expresidenta, al tiempo que lo extendió para José López, exsecretario de Obras Públicas y para los exfuncionarios de Vialidad: Nelson Periotti, Sandro Férgola, Hernán Passacantado y Germán Nivello.

La misma suerte corrió el financista Ernesto Clarens.Entre los empresarios procesados se encuentran Cristóbal López, Fabian de Sousa, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Eduardo Eurnekián, Angelo Calcaterra y Héctor Sánchez Caballero.

Empresarios sanjuaninos procesados

Un detalle no menor, también están procesados en la misma causa, sin prisión preventiva, tres sanjuaninos ilustres: Antonio Iván Dumandzic, Fernando Abel Pallucchini y Julio César Pallucchini.

En la resolución de 678 fojas, el Juez Bonadío decidió procesar por supuesta corrupción a estos empresarios locales, acusándolos de "asociación ilícita". En el texto firmado por el magistrado aparecen dos constructoras de renombre: una de ellas es MAPAL, y la otra es Ivica y A. Dumandzic.

Los empresarios Antonio Iván Dumandzic, Fernando Abel Pallucchini y Julio César Pallucchini, fueron notificados del Auto de Procesamiento sin Prisión Preventiva, por lo que ahora deberán afrontar el juicio en su contra.

Detalles de una causa con Gloria

La única gloria de esta causa se encuentra en la marca de los cuadernos que presentó el chofer Centeno, arrepentido de haber integrado la Banda de Cacos que gobernó el país durante 12 años.

Tras el escándalo de los Cuadernos de la corrupción, el Juez Bonadio procesó con prisión preventiva a la expresidenta Cristina Kirchner, bajo la acusación de haber recibido coimas.

El expediente conocido esta semana es un derivado de la causa de los Cuadernos, donde se investiga la supuesta cartelización de la obra pública y el presunto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante su gestión.