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Política

El país tiene un nivel de presión tributaria cercana al 34% del producto bruto interno (PBI), comparable a la de los países desarrollados, pero sin una contraprestación de servicios públicos equivalente. En la región, hacemos punta: Uruguay (26,3%), Chile (20,8%), Colombia (19,6%), México (18,9%) y Perú (18,1%), y también a países más desarrollados, como España (32,9%), Canadá (30,7%), Japón (28,6%), Australia (26,5%) y Estados Unidos (24,3%).

Aunque el nivel de presión tributaria bajó algo luego de que se recalculara la base del PBI, el país sigue estando entre los más altos de la región y del mundo, según los expertos. Según la Fundación Mediterránea, es el nivel de presión tributaria en relación con el PBI si se incluye en el cálculo el efecto del "impuesto inflacionario".

Marcelo Capello, presidente del Ieral (el instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea), estimó que la presión tributaria consolidada (sumando los impuestos que cobran la Nación, las provincias y los municipios) ascendía, antes de ese cambio de base, al 42,4% del PBI, y se elevaba a 46,7% si se computaba el llamado "impuesto inflacionario". Después de esa modificación, tomando la nueva base 2004, "los números serían de 33,4% y 36,8%", expresó Capello.

Aun así, la Argentina supera a vecinos de la región, como Uruguay (26,3%), Chile (20,8%), Colombia (19,6%), México (18,9%) y Perú (18,1%), y también a países más desarrollados, como España (32,9%), Canadá (30,7%), Japón (28,6%), Australia (26,5%) y Estados Unidos (24,3%).

Según Capello, "con la nueva medición del PBI, la presión tributaria de la Argentina se aproxima a la del promedio de las economías más avanzadas de la OCDE [la organización que reúne a los principales países desarrollados del mundo, que tiene una presión del 34,5% del PBI], aunque dicho guarismo queda atrás si en el caso local incluimos el impuesto inflacionario, que eleva la presión tributaria de Argentina hasta cerca del 37 por ciento, aun con la nueva medición del producto".

 Capello aclaró que "en los casos de la OCDE se trata mayoritariamente de países con niveles de evasión impositiva marcadamente inferiores a los de la Argentina, de modo que la presión tributaria legal, que recae sobre los contribuyentes que cumplen cabalmente con todas sus obligaciones tributarias, podría resultar en nuestro país bastante mayor al promedio de los países desarrollados".

Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), sostuvo que "la carga tributaria efectiva consolidada viene evidenciando un crecimiento sostenido en los últimos años, con un nivel récord en 2013. Esto permite inferir que durante los últimos años el objetivo de suficiencia, es decir, recaudar recursos para financiar el gasto público, se ha priorizado por sobre los restantes pilares de todo sistema tributario, a saber, eficiencia y equidad".

En particular, según el economista, "los recursos que explican el incremento de la carga tributaria durante los últimos 13 años (6,6 puntos del producto bruto interno, sin considerar la seguridad social), se aprecia que el aumento más alto se origina en la recaudación de Ganancias y de ingresos brutos [este último, de origen provincial]".

Ramiro Castiñeiras, de la consultora Econométrica, indicó que "la presión tributaria supera el 32% del PBI este año, donde 27 puntos porcentuales del PBI corresponden a la recaudación del gobierno nacional y los 5 puntos del PBI restantes, a los impuestos que recaudan las provincias".

Por su parte, César Litvin, presidente del Instituto Tributario, dijo que "la presión fiscal es en este momento la más alta de toda la historia en la Argentina, y la más alta de toda América, superando a EE.UU., Canadá, México y Brasil, y está en el top ten de todo el mundo".

La gran diferencia con aquellos países que tienen una presión mayor, como los escandinavos, es que "estas jurisdicciones suministran una buena calidad de servicios públicos esenciales, como salud, educación, seguridad e infraestructura, de tal forma que los contribuyentes, después de pagar los altos impuestos, no deben asumir más gastos en dichos servicios".

En cuanto a la posibilidad de que se rebajen impuestos, como promete la oposición a partir de 2016, los especialistas expresaron sus dudas. Capello dijo que "los problemas de competitividad exigirán reducir la carga tributaria en al menos algunos impuestos, pero el también existente elevado déficit fiscal obligará a ser muy cuidadosos".

Lo más urgente, aclaró Capello, es "solucionar el problema de los derechos de exportación, que con los actuales precios internacionales de las materias primas y la situación en materia de competitividad industrial ya no se justifican en los niveles existentes, y la imposibilidad de ajustar por inflación en el impuesto a las ganancias".

Por su parte, Argañaraz señaló que "debe eliminarse el impuesto al cheque, bajarse gradualmente los derechos de exportación, eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta, bajar el impuesto a las ganancias a las personas físicas, actualizando las escalas, congeladas desde el año 2000, y elevar el piso de bienes personales". Castiñeiras, en cambio, consideró que "toda baja de impuestos será más déficit fiscal que el Gobierno cubrirá con mayor emisión de pesos y/o mayor emisión de deuda pública".
El oficialista Tabaré Vázquez se impuso sobre Luis Lacalle Pou y es presidente de nuevo. Así lo informó diario El País. Unos 2,6 millones de electores uruguayos estuvieron habilitados para votar este domingo. El nuevo presidente asumirá el 1 de marzo de 2015.

La segunda vuelta electoral para elegir presidente en Uruguay se realizó con total normalidad, salvo por la copiosa lluvia que obligó a las autoridades a trasladar algunos circuitos de votación.

Ya conocidos los resultados, se supo que la fórmula del Frente Amplio, Vázquez - Sendic, resultó ganadora con más del 53% de los votos. Asumirá su cargo el próximo 1 de marzo. Así lo informó diario El País de Uruguay. En tanto, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, ha obtenido cerca del 41% de los sufragios.

Las tres encuestadoras Cifra, Equipos y Factum habían anticipado el resultado con medición boca de urna. El oficialismo consiguió el tercer período de gobierno consecutivo.  El candidato del Frente Amplio obtuvo más del 53 %. Se espera que Tabaré Vázquez de a conocer esta misma semana la integración de su gabinete.

Unos 2,6 millones de electores uruguayos estaban habilitados para votar este domingo, y el nuevo presidente asumirá a partir de marzo de 2015. La segunda ronda fue entre Tabaré Vázquez y a Luis Lacalle Pou.

El presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, instó a sus compatriotas a ir a votar ante las intensas precipitaciones que se registraron en el país. "Si ponemos algo de buena voluntad... al mal tiempo buena cara", dijo. El único "riesgo es mojarse un poco", agregó Mujica.
Un grupo de contadores del empresario Lázaro El Guapo Báez se encargó durante años de la contabilidad de Hotesur. Mientras se ve envuelta en denuncias la presidenta contraataca demandando a los que la investigan.

Un grupo de contadores del empresario patagónico Lázaro Báez se encargó durante años de la contabilidad de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial Kirchner controla el hotel Alto Calafate, según surge de documentos internos del grupo Báez que consiguió el diario La Nación.

El control contable fue total y profundo. Desde 2009 manejó la facturación del Alto Calafate. También supervisó sus índices de ocupación y sus gastos operativos, a tal punto de conocer la cifra exacta y hasta en centavos, por ejemplo, de sus gastos declarados de telefonía, lavandería, desayuno, tintorería y health club, entre otros.

La operatoria la lideró un estrecho colaborador de Báez, César Gerardo Andrés, quien también supervisó la contabilidad de Austral Construcciones y del resto del grupo de empresas y sociedades del ex empleado del Banco de Santa Cruz, que durante más de un año y medio pagó más de 1100 habitaciones por mes en los hoteles de la familia presidencial sin usar esas reservas. Andrés actuó -y aún lo sigue haciendo- desde su oficina de la calle Libertad 141 de Río Gallegos. Andrés no fue el único lugarteniente del grupo Báez que se involucró en los registros de Hotesur y del Alto Calafate.

También lo hizo otro contador de extrema confianza del empresario, Daniel Pérez Gadín, quien antes de desembarcar en la financiera SGI de Federico Elaskar subió a Internet su propio currículum, en el que detalló entre sus "clientes" al hotel de lujo de los Kirchner.

Los voceros de Lázaro Báez declinaron hacer comentarios sobre la participación de sus asesores en la contabilidad de la empresa de la Presidenta. La simbiosis entre el Alto Calafate y Hotesur, de la familia presidencial, y el grupo Báez, llegó a niveles polémicos, al punto de que en los convenios que ofreció el hotel a sus clientes corporativos se remarcaba una frase -en negrita, subrayada y con las últimas palabras en mayúscula- que llevan a la confusión sobre qué es de quién.

"Les recordamos que Hotel Alto Calafate es una empresa del Grupo Valle Mitre", era la frase, según consta en el "convenio confidencial" y retroactivo cuya copia también obtuvo La Nación.

Pero esa afirmación contradice lo que declararon el fallecido ex presidente Néstor Kirchner y la actual mandataria Cristina Kirchner, al identificar ese hotel como propio ante la Oficina Anticorrupción (OA), y a Báez, que reconoció como suya a Valle Mitre, la firma gerenciadora del hotel.

Pero más allá de la propiedad real del Alto Calafate, ocho empresas de Báez firmaron esos contratos confidenciales y retroactivos. De ese modo, el ex empleado del Banco de Santa Cruz pagó millones por cientos de habitaciones en ese hotel.

Sin embargo, la operatoria no se agotó allí. Una novena empresa, Credisol SA, también vinculada a Báez y al financista Ernesto Clarens, también repitió la dinámica de pagar por reservas hoteleras sin utilizar.

Como supervisor final de toda esa operatoria alrededor de Hotesur quedó Andrés, un contador de 42 años que también figura en los registros en tres sociedades: Enficom, Consultora Magma y Cristina SA, creada para negocios del rubro automotor.

Las relaciones cruzadas se multiplican. Porque en Enficom SA y en Cristina SA, Andrés aparece junto a Alejandro Fermín Ruiz, quien integra el directorio del diario Prensa Libre, de Báez, y el último directorio que se conoce de Hotesur, de noviembre de 2008. Allí figuró junto a Osvaldo Sanfelice y Romina Mercado, socio y prima de Máximo Kirchner, respectivamente (ver página 15).

Desde su oficina de la calle Libertad -un edificio gris, de fachada deslucida y sin cartel identificatorio alguno, pero con varias cámaras de seguridad que enfocan hacia los transeúntes-, a Andrés le respondían dos contadores para las cuentas de Hotesur: Guillermo Castillo y Fernando Neira.

El primero trabajó como contador "senior" en Austral Construcciones, para luego asumir como gerente de manera simultánea en Austral Desarrollos Inmobiliarios y Austral Agro. También fue tesorero del Club Boca de Río Gallegos. Pero ya no trabaja para Báez.


El segundo, Neira, comenzó en otra conocida constructora patagónica: Gotti SA. Pero luego se mudó a Austral Construcciones. Con un paso previo por Bolívar, el contador pasó unos años en Río Gallegos, pero ahora mantiene un pie en las oficinas porteñas de Báez, en el Pasaje Carabelas.

Ambos contadores, Castillo y Neira, se encargaron de los números de Hotesur y de Valle Mitre, según reconstruyó el diario nacional, y reportaban a Andrés, quien tomaba las decisiones finales en comunicación con Báez.

Cristina La Muchacha Progre Contraataca
La presidenta Cristina Kirchner está preocupada por defenderse de las investigaciones del juez federal Claudio Bonadio sobre su empresa Hotesur SA, que rozan a ella y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Ordenó, así, denunciar a todos los que investigan a sus empresas, con el propósito de diluir la atención sobre su hotel cuestionado y generar sospechas sobre sus denunciantes, la oposición y los bancos.

"La estrategia es distraer con varias denuncias simultáneas e igualar a todos. Si hay un elefante sobre la calle, lo mejor para que no llame la atención es poner cien elefantes. La idea es tender un manto de sospechas general y politizar todo", dijo un alto funcionario cuyo nombre no fue revelado.

La contraofensiva abrió varios frentes en pocas horas: Cristina acusó públicamente a Bonadio de no presentar balances en la IGJ de una empresa familiar, al igual que Hotesur; el senador Marcelo Fuentes (PJ) lo denunció penalmente.

Luego, la AFIP denunció al banco HSBC por 4040 cuentas secretas en Suiza; el abogado Santiago Mansilla acusó a la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, la denunciante, por enriquecimeinto ilícito. Y la diputada AndreaGarcía (PJ) acusó de varios delitos a la testigo Silvina Martínez, ex directora del Registro de Sociedades de la IGJ.

Es la primera vez que Cristina y su familia son investigados por supuestas irregularidades de una de sus empresas, Hotesur SA, y que un juez investiga el patrimonio de ella y sus hijos para determinar si pudo incurrir en lavado de dinero.
Sábado, 29 Noviembre 2014 22:14

Andrés Repetto: Informe Semanal

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Hay planes de Educación y de Salud en los que se gastó el 21% de lo previsto. Los recursos "pasan a rentas generales, a menos que tengan una afectación específica", explicó el diputado Claudio Lozano (Unidad Popular). Mientras tanto, Fútbol para Todos y Aerolíneas Argentinas ya gastaron mucho más de lo previsto por la ley presupuestaria.

Ya casi finalizando el año, la ejecución del presupuesto muestra disparidades singulares. Mientras algunas partidas -como Fútbol para Todos, publicidad oficial y Aerolíneas Argentinas- ya gastaron mucho más de lo que se les había asignado en enero pasado, otros programas exhiben un notorio nivel de subejecución.

Llamativamente se trata, en varios casos, de programas sociales. Por ejemplo, hay partidas del Ministerio de Salud, como la de Sanidad Escolar, de las que se gastó apenas el 21,18% de su presupuesto, o del Ministerio de Educación, como el plan de Mejoramiento de la Calidad Educativa, que sólo ejecutó el 21%.

Si bien este año el Gobierno hizo un uso récord de la ley de superpoderes y elevó el gasto presupuestario en un 27,7 por ciento a noviembre pasado, no todas las áreas de la administración fueron igualmente beneficiadas, según señala el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). La entidad señaló que mientras el Ministerio de Economía recibió un refuerzo del 186% en su partida, el Ministerio de Educación sólo recibió un 4,1% extra, por nombrar los dos extremos.

Otras dependencias favorecidas fueron la Jefatura de Gabinete, que conduce Jorge Capitanich, con casi un 40% de refuerzo presupuestario -casualmente, el jefe de Gabinete es quien reasigna los fondos del presupuesto por la ley de superpoderes-, y el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, con un 67% de recursos extras. Por contraste, el Poder Judicial tuvo un aumento de sólo el 5,7% en todo el año.

Si se considera que el promedio de ejecución presupuestaria es del 80% a estas alturas del año, varios programas figuran por debajo de ese nivel. En el Ministerio de Salud, por ejemplo, el plan Atención Sanitaria en el Territorio, encargado de llevar atención médica en unidades móviles a los sectores más remotos del país, tiene un presupuesto de 565 millones, pero fue ejecutado sólo el 32,8%. En tanto, Sanidad Escolar gastó apenas el 21,18%, mientras que del programa Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas se ejecutó sólo la mitad.

En el Ministerio de Educación la situación es similar. Allí, el programa Mejoramiento de la Calidad Educativa, con apenas 151 millones de pesos, sólo lleva ejecutado el 21%. En tanto, el ambicioso plan Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, con más de 1600 millones de pesos, gastó también muy poco, el 48,6% del total.

¿A qué obedecen semejantes niveles de subejecución? "Es difícil saberlo, respondió el economista Walter Agosto, investigador principal de Cippec. Puede obedecer a problemas de gestión; a la falta de financiamiento si se trata de programas que requieren crédito externo y los fondos no llegan en tiempo y forma o, también, a que el programa en cuestión no cuenta con los bienes o insumos necesarios. Son todas suposiciones, porque el presupuesto carece de indicadores de desempeño que nos permitan evaluar el resultado de los programas."

Agosto advirtió que la información oficial sobre la ejecución presupuestaria es "precaria", lo que impide un análisis exhaustivo de cómo gasta el Estado. "Si a esto se agrega que tenemos un presupuesto al que el Gobierno incorporó un 33% de gasto por decreto y por decisiones administrativas, se hace mucho más difícil el análisis. Todo esto demuestra que el presupuesto es sólo una simple simulación teórica, ya que hace tiempo que la ley de leyes no se formula como corresponde."

¿Qué sucede con los recursos que no se gastan? "Pasan a rentas generales, a menos que tengan una afectación específica", explicó el diputado Claudio Lozano (Unidad Popular). El legislador sostiene que la subejecución que se observa en algunas áreas del Estado obedece a que el Gobierno decidió "frenar la aceleración del gasto", que venía desbocado.

"Ante el déficit creciente en las cuentas públicas, el Gobierno optó por controlar la evolución del gasto por medio de medidas económicas, cambiarias y monetarias de tipo ortodoxo. Impuso una suerte de ajuste en algunas áreas de la administración y, si hay excedentes, los retiene para el año próximo."

No sólo en las áreas sociales se observan importantes subejecuciones. El Ministerio de Industria, que conduce Débora Giorgi, exhibe un nivel de gasto de sólo el 41%. En la Secretaría de Ambiente sucede algo similar, con una ejecución de apenas el 43,4%. También es notorio que aquellos programas que se desarrollan con fondos de créditos internacionales del BID o del BIRF exhiban grados de ejecución muy bajos. Por ejemplo, en la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo sólo se gastó el 3,29%.

Por contraste, el programa Prensa y Difusión de los actos de Gobierno ya lleva gastados 1589 millones de pesos, un 167% superior al presupuesto original; Aerolíneas Argentinas, 5140 millones, un 184% más; el plan Formulación y Ejecución de la Política de la Energía Eléctrica, 77.771 millones, un 229% superior a la partida original, mientras que el Senado, que conduce el vicepresidente Amado Boudou, ya lleva gastados 2568 millones, un 141 por ciento más.
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