Viernes, 19 Julio 2019
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Política

Acá algunas de las causas judiciales que más inquietaron al Gobierno durante 2013. Un repaso por las investigaciones que tuvieron como protagonistas a Boudou, Báez, Jaime, Gils Carbó, Menem y Moreno. Elenco selecto si los hay.

¿Qué tienen en común el vicepresidente Amado Boudou, el empresario Lázaro Báez, el ex funcionario Ricardo Jaime, el ex mandatario Carlos Menem, el jefe del Ejército, César Milani, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno? No son sus lazos con el kirchnerismo. Tampoco, sus vínculos con las aéreas de poder más sensibles. Menos, sus cuestionados pasos por la función pública. El 2013 los unió en el lugar menos deseado (o esperado): los tribunales de la Justicia. Todos ellos protagonizaron las causas judiciales más resonantes de los últimos doce meses.

Más allá de los nombres personales involucrados en algunos de los expedientes que más inquietan a la Casa Rosada, el Gobierno encontró este año definiciones clave en sus principales batallas judiciales: el fallo de la Corte Suprema a favor de la constitucionalidad de la ley de medios, la lanza del oficialismo para "desguazar" al Grupo Clarín, y el rechazo del máximo tribunal a la reforma de la Justicia, impulsada por Cristina Kirchner. Además, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, declaró "improcedente" el recurso de amparo presentada por la comunidad judía contra el memorándum de entendimiento firmado entre la Argentina e Irán para investigar el atentado a la AMIA. El intenso año judicial se reservó el desenlace de una causa emblemática para el final: la Justicia absolvió al ex presidente Fernando de la Rúa y a todos los acusados en el escándalo por el presunto pago millonario de sobornos para aprobar la ley de reforma laboral, en el año 2000.

Lázaro, levántate y confiesa
El nombre de Lázaro Báez, elprincipal beneficiario de la obra pública en la Patagonia, ascendió en abril pasado por las escalinatas de los Tribunales de Comodoro Py, tras una denuncia por presunto lavado de activos efectuada en el programa televisivo Periodismo para Todos . El juez federal Sebastián Casanello tomó las riendas del caso para investigar la supuesta ruta de dinero que pasó por la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", por donde se sospecha que se giraba al exterior dinero del empresario kirchnerista. El empresario kirchnerista también integró las fojas de otros expedientes judiciales vinculados con supuestos hechos de corrupción.

El fiscal federal José María Campagnoli, ahora suspendido por su actuación en el caso, pidió su declaración indagatoria por presunta extorsión contra Federico Elaskar, quien había denunciado presiones de Báez para vendiera la financiera SGI. En medio del avance de las investigaciones periodísticas, la diputada nacional Elisa Carrió denunció que el dueño de Austral Construcciones tenía bóvedas con dólares, armas y documentos en su chacra de Río Gallegos. Tras un conflicto de competencias, el expediente se unificó con la causa que lleva adelante Casanello. Pero un nuevo capítulo judicial que tiene al empresario patagónico como protagonista se inició antes de que finalizara el año. Luego de que LA NACION revelara los negocios de Báez con los hoteles del matrimonio Kirchner, se abrió un expediente en la Justicia por presunta evasión tributaria de las firmas Austral Construcciones SA e Idea SA.

Tan odiado como Amado
Cada vez más complicado en el Caso Ciccone, el vicepresidente Amado Boudou tendrá pocos motivos para brindar con su novia, Agustina Kampfer. El ex ministro de Economía sufrió un revés tras otro en los tribunales de Comodoro Py. Durante el 2013, el juez de la causa, Ariel Lijo, primero, y la Cámara Federal, después, rechazaron su pedido de sobreseimiento en el caso. Además, la Cámara de Casación rechazó el planteo de nulidad que hizo Alejandro Vanderbroele, el supuesto testaferro del presidente del Senado. En el último mes del año, las revelaciones de la familia Ciccone, dueña de la ex calcográfica a la que habría beneficiado el ex ministro de Economía, complicaron aún más su situación judicial.

Ricardo Jaime, el primer navegante en el mar de la corrupción
Fue el primero en ser atrapado con las manos en la masa. Para Ricardo Jaime éste no fue un año más. Durante el transcurso de 2013, el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, estuvo prófugo una semana, se convirtió en un habitué de los tribunales de la Capital Federal y de la provincia de Córdoba y, como corolario, fue condenado a seis meses de prisión por ocultar pruebas. Jaime estuvo cerca de ser el primer funcionario kirchnerista en ir a prisión. El juez Claudio Bonadio procesó en julio pasado al secretario de Transporte y dispuso su prisión preventiva por una presunta estafa vinculada con la administración de un contrato para realizar mejoras en el ferrocarril Belgrano Cargas. Sin embargo, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, revocaron su captura y dispusieron su exención de prisión.

Ricardo Jaime estuvo prófugo de la Justicia durante siete días. Bajo el sol primaveral en las sierras cordobesas, Jaime escuchó su primera condena respecto del abanico de causas que enfrenta en la Justicia. El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) de Córdoba, lo condenó a seis meses de prisión en suspenso por el delito de sustracción de documentos, en una investigación por enriquecimiento ilícito. Jaime, además, enfrenta una veintena de causas por corrupción. ¿Las más avanzadas? Las investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito y presunto delito de dádivas y los cargos que se le imputan por la tragedia ferroviaria en la estación Once -el caso está cerca del juicio oral-. El ex funcionario, además, sumó este año un nuevo expediente a sucosecha personal: el fiscal federal Carlos Rívolo pidió que sea indagado por el delito de peculado. Según Rívolo, el ex funcionario utilizó como si fuera su dueño dos automóviles que estaban destinados al control de obras públicas.

Gils Carbó, una designación a la derecha
En mayo pasado, el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien investiga a Báez por supuestas maniobras de lavado de dinero, denunció a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, su jefa, por el presunto nombramiento ilegal de fiscales interinos y "ad hoc". Luego de que Casanello cerrara el expediente, la Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa. El caso generó una interna feroz entre Gils Carbó y Marijuan. El fiscal pidió su declaración indagatoria por las designaciones, mientras que la procuradora general lo recusó y lo acusó de "arbitrario y parcial". Días atrás, Casanello rechazó la recusación presentada por la jefa de los fiscales y confirmó a Marijuan para que la investigue por la designación irregular de Carlos Gonella al frente de la Procelac. Al mismo tiempo el magistrado sobreseyó a la funcionaria judicial por el nombramiento de otros 44 fiscales subrogantes y ad hoc y a los propios designados.

Tarjeta Roja: el fiscal Campagnoli, que investigaba a Lázaro Baez fue suspendido
El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público suspendió días atrás al fiscal José María Campagnoli, cuestionado por Gils Carbó por su actuación durante la investigación contra Lázaro Báez. La decisión generó el inmediato rechazo de todo el arco opositor y de los representantes del Poder Judicial. Campagnoli no se quedó de brazos cruzados y presentó un recurso de amparo para que se levante la suspensión en su contra. La Justicia rechazó el pedido. El mismo tribunal que lo suspendió deberá decidir el año próximo si lo destituye definitivamente.

Milani, un Jefe del Ejército con un pasado oscuro
La designación de César Milani como jefe del Ejército estuvo signada por la polémica. Poco después de que Cristina Kirchner impulsara su ascenso como teniente general, surgieron las primeras denuncias por su presunta vinculación con la represión ilegal durante la última dictadura militar. Milani está acusado de participar en la detención ilegal y secuestro de Ramón Olivera y su padre en La Rioja. En tanto, la familia de Oscar Schaller responsabilizó al jefe del Ejército de la privación ilegítima del periodista riojano. También está denunciado por la desaparición forzada del conscripto Alberto Ledo, en abril de 1976, durante el Operativo Independencia. Además, Milani debe lidiar en los Tribunales con una causa por supuesto enriquecimiento ilícito, que se originó a raíz de la denuncia de algunos dirigentes de la oposición

Menem, castigado a prisión pero en casita
Recluido en su tierra natal, Carlos Menem no guardará los mejores recuerdos del 2013. El riojano se convirtió en el primer presidente constitucional argentino en recibir una pena de prisión por un hecho grave de corrupción. En marzo pasado, la Cámara de Casación Penal condenó al ex mandatario como coautor del contrabando de armas a Croacia y a Ecuador. Meses después, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 fijó la pena para el ex presidente: siete años de prisión. Además, condenó a cinco años y medio al ex ministro de Defensa, Oscar Camilión. La sentencia se hará efectiva cuando el fallo quede firme, ya que la defensa de los acusados presentó una apelación. El ex jefe de Estado fue condenado tras 18 años de investigación por el envío ilegal de 6000 toneladas de armas del Ejército a Ecuador y Croacia durante la década del 90. La alianza de Menem con el kirchnerismo en el Senado fue un escudo de protección para el ex presidente ante los pedidos de desafuero que realizó la oposición.

Guillermo Moreno, becado en Italia mientras acá sigue la causa en su contra
Desde su "exilio político" en Italia, Guillermo Moreno no hará un buen balance de su año. No sólo se produjo su salida del Gobierno -renunció como secretario de Comercio Interior- sino que, además, la Justicia lo procesó por sus abusos en defensa de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El juez federal Claudio Bonadio entendió que el por entonces secretario de Comercio aplicó "fortísimas multas" a consultoras privadas que medían la inflación con el único propósito de "silenciarlas".
Intendente Marcelo Lima, del FpV.
Por E. Simón 
El presupuesto 2014 votado por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan, más una ordenanza incluida en la sesión del miércoles pasado, logró el voto de casi todos los concejales. Se crearon nuevos cargos políticos y se recategorizó al Jefe de Compras, al Contador y al Tesorero Municipal. FpV y Actuar votaron a favor, mientras Eugenia Raverta, del Pro; y los concejales basualdistas votaron en contra de los nuevos puestos. Mientras la inflación carcome a la familia argentina, los funcionarios siguen crean cargos para los amigos de la política.

El municipio deberá gastar 2.000.000 de pesos al año más para pagarle a los nuevos puestos. La prensa oficilaista silenció esta información haciéndose cómplice una vez más. Acá un detalle de las subdirecciones creadas para los "compañeros peronistas".

En una sesión veloz y silenciosa, el Concejo Deliberante de la Capital aprobó el presupuesto 2014 y acto seguido se sancionó una ordenanza donde se crean las siguientes direcciones: Sub Dirección de Administración y Despacho, Sub Dirección de Concursos y Licitaciones, Sub Secretario de Hacienda y Sub Secretario de Unidad Tecnológica. quienes ocupen esos carguitos, cobrarán unos 20 mil pesos mensuales. Por su parte, se recategorizaron los cargos de Jefe de Compras, Contador y Tesorero Municipal, llevándolos al rango de direcciones. Mientras la gente no sabe cómo hacer para acomodar su vapuleada economía familiar, los políticos en San Juan siguen despilfarrando plata de los contribuyentes

Concejal Eugenia Raverta, del Pro.
En contundente intervención, la concejal del Pro, Eugenia Raverta pidió que se reconsidere la brillante idea avalada por Marcelo Lima, el intendente. "Creo que debido a los acontecimientos sucedidos en los últimos días, que son de público conocimiento, y habiendo tenido en la puerta a los distintos gremios que agrupan a los empleados de planta permanente del municipio reclamando una recomposición salarial, y que llegado a un acuerdo se le otorgo una suma inferior a la otorgada por el gobierno de la provincia, estimo que tanto el Poder Ejecutivo comonuestro Concejo Deliberante debemos tratar de realizar una sintonía fina y preguntarnos si es necesario en estos momentos aumentar la planta política de este municipio", expresó Raverta, quien no fue escuchada por sus pares del FpV ni de Actuar que le dieron rienda suelta a la cargología. Los basualdistas también se opusieron a la desubicada actitud del intendente Lima.

Estas creaciones y recategorizaciones implicaran para el municipio más de 2.000.000 de pesos al año en haberes a estos funcionarios, lo que hará que se descuiden otras áreas en las cuales este dinero podría ser invertido. Pero eso poco importa, siempre está el incauto contribuyente que pagará religiosamente el impuesto municipal para que los muchachos sigan haciendo política.
Así nos va.
Nora Cortiñas, militante y defensora de los derechos humanos y cofundadora de la Madres de Plaza de Mayo y Pérez Esquivel, Premio nobel de la Paz por su compromiso ciudadano durante la dictadura militar argentina, hablaron del retorno de la "obediencia debida"; también la oposición cuestionó la designación del militar y afirmaron que Milani le garantiza al Gobierno "la partidización del Ejército".

Un día después de que el Senado aprobara el pliego de César Milani, la controversia por el ascenso del jefe del Ejército se recalentó ayer, justo antes de que la Presidenta formalizara la promoción del militar, acusado de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Una vez más, el tema volvió a generar diferencias entre los organismos de derechos humanos, incluso en el interior del oficialismo, y una defensa cerrada de parte del Gobierno, que insistió en que las acusaciones contra Milani no están comprobadas.
Nora Cortiñas,
Madres de Plaza de Mayo.

Una de las críticas más duras contra el ascenso del militar provino de la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien sostuvo que le dieron "asco" los senadores que votaron a favor. "Lo de ayer [por anteayer] fue un retroceso. Un irrespeto total a la lucha de más de 30 años que llevamos los organismos de derechos humanos", dijo Cortiñas en declaraciones radiales. La dirigente respaldó la postura del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que objetó el pliego, y sentenció: "Es un retroceso para la democracia. Volvimos a la obediencia debida".

Adolfo Pérez Esquivel,
Premio Nobel de la Paz.
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel utilizó conceptos similares. "Es muy grave que el kirchnerismo, con obediencia debida, haya nombrado a Milani jefe del Ejército Argentino sin que se investiguen las acusaciones", sostuvo en un comunicado, y después agregó: "El mejor argumento que esgrimieron los oficialistas es que «así lo pide la Presidenta»". En la misma línea, el senador Ernesto Sanz sostuvo que el ascenso de Milani es "un grave retroceso para el sistema democrático". El presidente de la UCR consideró que el militar "le garantiza al Gobierno la partidización del Ejército". También el jefe de bloque del radicalismo en Diputados, Mario Negri, cuestionó la decisión del oficialismo. "El kirchnerismo ha decidido bajar las banderas de la defensa de los derechos humanos para encumbrar en el Ejército a un militar profundamente cuestionado por su posible participación en actos aberrantes", dijo.

Del otro lado de la polémica, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, volvió a defender el ascenso del militar y sostuvo que no significaba una contradicción con la política de derechos humanos del Gobierno. "Construimos una política de derechos humanos durante todos estos años, de la que nos sentimos orgullosos. Se construyó con el impulso del Gobierno y con el acompañamiento permanente de los organismos de derechos humanos, y no veo contradicción alguna en ese sentido", señaló a radio Vorterix, que maneja el progre Mario Pergolini. El funcionario consideró que las denuncias contra Milani "no tienen ninguna comprobación judicial" y destacó que "el procesamiento de cualquier ciudadano depende de una decisión" de la Justicia. Rossi señaló que el Poder Ejecutivo "nunca ascendió ni abonó el tratamiento de un ascenso a ninguna persona involucrada en situaciones de procesamiento judicial" y, al respecto, recordó que el ex jefe del Ejército Roberto Bendini había sido pasado a retiro luego de que se dictara su procesamiento.

Otra que respaldó a Milani fue la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. En su defensa del jefe del Ejército, la dirigente cuestionó, sin nombrarlo, al presidente del CELS, Horacio Verbitsky. "Los que se equivocaron con Milani son los mismos que dijeron, muchos de ellos, algún periodista, que no había que nombrarlo a Bergoglio papa porque había secuestrado algunos sacerdotes. En vez de secuestrarlos a uno lo salvó, ese que lo salvó salió a hablar y dice: cómo que me secuestró, me salvó. Así que se equivocó, se equivocan, y mucho", dijo durante la habitual ronda a la Pirámide de Mayo.

Milani, un hombre que supo apuntalar a los carapintadas
que atentaron contra la democracia durante
el gobierno de don Raúl Alfonsín.
La votación del Senado expuso también una nueva voz disidente en el oficialismo. La legisladora porteña Gabriela Cerruti, del partido de Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), se distanció de la decisión del Gobierno: "Qué pena más grande que hayan aprobado el pliego de Milani. Nada volverá a ser lo mismo".
Profesionales de la salud, agrupados en los gremios Asprosa y el Sindicato Médico, se movilizan por mejoras salariales tras haber rechazado el plus ofrecido por el Gobierno que encabeza Sergio Pez Uñac.

Ante el Ministro de Salud, Oscar El Seco Balverdi, estánreclamando desde hace tiempo mejoras salariales, laborales y el pago del 82% móvil. Además solicitan que se cumpla con el régimen de carrera, que no se modifique la ley 2.580, que es la que reglamenta sus tareas y la obtención de un incremento en sueldos. Asprosa ha convocado a un paro de actividades. Asimismo piden abrir paritarias con el Gobierno de José Luis El Vale Todo Gioja que, según dicen sus estrechos colaboradores, monitorea todo desde el Hospital Italiano.
Según una nota que publica Hugo Alconada Mon en diario La Nación, Lázaro El Laburante Báez "alquiló" los tres hoteles de los Kirchner por 14 millones de pesos. Entre 2010 y 2011, el matrimonio Kirchner, el más decente que gobernó el país en su historia, recibió más de 14,5 millones de pesos de Valle Mitre, la sociedad que gerencia sus hoteles y que controla el amigo Báez, un trabajador que supo hacer fortuna trabajando de sol a sol.

Los Kirchner recibieron cheques de Valle Mitre cada mes por el hotel Alto Calafate, con el que siete empresas de Báez firmaron acuerdos confidenciales y retroactivos. Pero también por la hostería Las Dunas (que en los papeles es de Báez) e incluso por el hotel Los Sauces, cuya gestión se encuentra en manos de la familia Relats. Aun así, Báez también hizo pagos millonarios por ese establecimiento. Sólo por el "alquiler" del Alto Calafate, el matrimonio presidencial recaudó más de $10,1 millones a través de Hotesur SA, la sociedad con la que controlan el hotel. De ese monto, más de $6,3 millones correspondieron a 2010 y $3,7 millones, al año siguiente, cuando ya había muerto el ex presidente.

A esos desembolsos se sumaron más cheques de Valle Mitre por algo más de $ 4,3 millones durante esos dos años para Néstor y Cristina Kirchner. En sus registros contables los anotó por separado, en dos rubros a los que identificó como "Los Sauces - La Aldea" y "NCK - Las Dunas". Todos esos desembolsos de Valle Mitre constan en una planilla de Excel entregada al diario de derecha, La Nación. Titulada "Pagos Alquileres Unidades", durante años fue manejada por el equipo contable de Báez, que admitió la veracidad de los documentos.

Báez calificó ayer esos registros de "papeles privados" de sus empresas al denunciarse ante la Justicia en Río Gallegos y anticipar que podría iniciar una "acción penal" por lo que definió como una "evidente violación del secreto fiscal". Pero en ningún momento adujo que esos documentos fueran falsos. Del análisis de esos registros, surgen varios rasgos sospechosos, que podrían configurar los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y evasión tributaria agravada. En el caso de Los Sauces, los Kirchner lo controlaban a través de una sociedad anónima del mismo nombre en la que cada uno poseía el 45% de las acciones. En Internet, se presenta como "el hotel de lujo de El Calafate", con 42 suites distribuidas en seis "casas patagónicas".

Años atrás, Los Sauces fue el centro de una causa penal cuando trascendió que la familia Relats, dueña del Panamericano en Buenos Aires les pagaba a los Kirchner un alquiler de US$ 105.000 por mes -luego acordaron unvalor más bajo- por gerenciar ese hotel, al mismo tiempo que eran beneficiarios de obra pública nacional. Esa investigación no prosperó.

Sin embargo, y por algún motivo que no surge de los documentos del Grupo Báez, la gerenciadora Valle Mitre acumuló las anotaciones sobre facturación y cheques correspondientes a Los Sauces junto a los de otro hotel, La Aldea, en el Chaltén. En ese hotel, a su vez, como dueños aparecen Leandro Albornoz -el escribano de Báez que figura como accionista de Valle Mitre- y Adrián Berni, máximo ejecutivo de esa gerenciadora. Pero ni Albornoz, ni Berni, ni La Aldea en sí emitieron las facturas por las cuales Valle Mitre pagó todos los meses. En todas figura Los Sauces como emisora.
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