Martes, 25 Febrero 2020
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Política

Con el voto kirchnerista a full, se aprobó en el Senado y convirtió en ley el Presupuesto 2015 con 39 votos a favor y 22 en contra, tras un debate de casi diez horas. El presupuesto para el último año de gestión de Cristina La Muchacha Progre prevé una inflación del 15,6%, un dólar a $9,45 y un crecimiento del 2,8%.

El nuevo presupuesto estima gastos por 1 billón 347 mil millones de pesos, ingresos corrientes por 1 billón 296 mil millones, un resultado primario de 50.448,9 millones de pesos y un saldo positivo del 1,02 por ciento.

El oficialista Aníbal Fernández, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, abrió el debate con una exposición sobre el escenario internacional, en la que se refirió a la desaceleración de China y Brasil y señaló que, por ello, "el canal comercial de contagio de la crisis sigue vigente".

"Si nuestros socios no crecen, no nos compran a nosotros", señaló Fernández, al tiempo que advirtió que "los principales analistas dicen que la caída aún va a seguir siendo en 2015 y 2016".

También sostuvo que "se critica el aumento del gasto público" pero "ha sido una herramienta poderosa de la transformación de los últimos 10 años" y, respecto de la "pérdida de superávit gemelos", atribuyó esa caída al pago de deuda y la necesidad de paliar la pérdida del autoabastecimiento energético.

A su turno, la radical Laura Montero acusó al Gobierno de "mentir sistemáticamente" con los cálculos presupuestarios y advirtió que "se destruyó el empleo registrado", al tiempo que subrayó que el país está "decreciendo en un 1,2 por ciento".

El jefe del interbloque FAP-UNEN, el santafesino Rubén Giustiniani, consideró que "las estimaciones de inflación y de crecimiento no se condicen con la realidad" y que "en materia de obras para la provincia de Santa Fe establece partidas irrisorias".

Por su parte, el neuquino Guillermo Pereyra, del MPN, indicó que en los recursos asignados para la importación de gas y petróleo "los precios no se condicen con el precio del petróleo en el mundo".

El senador del PRO Diego Santilli cuestionó el índice de inflación estimado para 2015 en un 15,6% y señaló que "la inflación real es del 35 por ciento", al tiempo que sostuvo que "el ajuste ya lo están pagando los jubilados y los asalariados".

En tanto, el salteño Juan Carlos Romero, del Peronismo Federal, criticó que "este Gobierno quiere defender a muerte un presupuesto que tiene como eje el subsidio" y que, según opinó "está cada vez más alejado de la realidad, es un dibujo total".
Enviarán al Congreso un proyecto de reforma a la ley de telecomunicaciones. De aprobarse, las telefónicas podrían com
petir con Cablevisión y con todas las empresas de cable. Habrá más competencia en lo que se denomina el triple play. Aclararon que no se regularán los contenidos.

Cristina La Muchacha Progre envió al Congreso un proyecto de reforma de la ley de telecomunicaciones que habilita el ingreso al mercado de la televisión por cable de las compañías telefónicas, que hasta ahora lo tenían prohibido. A partir de la incorporación del triple play, la empresa cableoperadora Cablevisión, del Grupo Clarín, tendrá mayor competencia en el mercado, uno de los puntos más resistidos por el grupo mediático cuando se debatió en 2009 la ley de medios.

Con esta decisión, la Casa Rosada relanza la idea que había incluido en aquel proyecto. Entonces, por presión de la oposición y ante la urgencia de conseguir la mayoríaparlamentaria para sancionar la ley de medios, la Presidenta quitó de su iniciativa la posibilidad de que las empresas telefónicas pudieran dar servicio de cable.

Pero la pelea con Clarín y la última denuncia del Gobierno de presuntas "trampas" del grupo en el plan de adecuación que presentó para dividirse terminaron por sellar la decisión de la Presidenta de avanzar en generarle competencia.

El proyecto, llamado Argentina Digital, declara como "servicio público esencial y estratégico" a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con lo cual el Estado las regulará y obliga a todos los actores, sean telefónicas, cableros o cooperativas, a compartir el acceso a sus redes, más conocido como la neutralidad.

Esta vez la Presidenta no participó del anuncio y lo dejó en manos del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.

Todos se encargaron de destacar que el proyecto no regula contenidos, para descartar cualquier tipo de interpretación sobre restricciones a la libertad de expresión.

A partir de la sanción de la nueva norma, todos los actores de las comunicaciones podrán brindar todos los servicios. Por ejemplo: Telefónica o Telecom podrán dar televisión por cable y Cablevisión podrá dar telefonía. Esta última posibilidad ya estaba habilitada. Lo que se hace ahora, además, es regularla para que no haya abuso de posición en el alquiler de la red de teléfonos.

En el Gobierno sostenían ayer que la normativa no favorece a las telefónicas, como sospecha la oposición al habilitar su ingreso, antes vedado. Argumentaban que ahora tienen que compartir su red, porque pierden la exclusividad sobre lo que se llama "última milla", es decir, el cable que conecta la central con el abonado final, el hogar. Es la parte de una red que más inversión exige, que deberán habilitar para el uso de otros actores, previo cobro. Además, el proyecto establece que tienen que llevar una contabilidad separada. El Estado, en tanto, regulará esa tarifa (que será una suerte de alquiler de su red), el acceso y la calidad de conexión.

El proyecto no toca la ley de medios. Sólo exceptúa la prohibición que tenían las empresas que brindan servicio telefónico de ser prestadores audiovisuales. Seguirán rigiendo los límites de concentración de mercado que estableció esa norma, en un 35 por ciento el tope y en hasta 24 licencias.

En su artículo 46, la iniciativa deja a discreción del Gobierno la regulación sobre aquellas empresas que presenten "un poder significativo de mercado", un bache interpretativo que deberá resolver la reglamentación posterior.

Con el nuevo proyecto caducó también la imposibilidad que, a priori, presentaba Telefónica para mantener el canal de aire Telefé. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) todavía no se había pronunciado, aunque la postergación ahora encuentra sentido. Ya no será necesaria una decisión: la normativa a tratar por el Congreso quita la restricción que tenía antes por ser servicio público.

La oposición ya planteó su rechazo, justamente por este último punto. Gerardo Milman, uno de los directores de la Afsca, cuestionó que el organismo hiciera "un uso discriminatorio de los distintos proyectos de adecuación a la ley de medios esperando modificar la normativa, y eso es lo que ocurre ahora".

Previendo la batalla judicial que se vendrá, y justo a un año del fallo de la Corte Suprema que declaró constitucional la ley de medios tras un largo derrotero por los tribunales, el artículo 4 es una perlita. Después de la batalla de la famosa cautelar de Clarín con la Cámara en lo Civil y Comercial, el nuevo proyecto establece la competencia del fuero contencioso administrativo federal.
Un fiscal quiere interrogarlo por aceptar vuelos gratuitos de concesionarios del Estado en el 2011. Amado Honesty Boudou acumula 16 causas en trámite, todo un record que los protagonistas de la democracia argentina deberán esmerarse para superar.

Ahora el fiscal federal, Carlos Rívolo, pidió que declare como imputado por un vuelo privado que hizo a la ciudad de Necochea en diciembre de 2011 y otro en helicóptero en esa misma ciudad. Boudou está acusado del delito de dádivas, porque no habría pagado los viajes según una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans.

Rívolo también le pidió al juez Luis Rodríguez que cite a indagatoria al ex intendente de Necochea Horacio Tellechea y a los empresarios Marcelo Juan Scaramellini y a Nazareno Natale, dueño del hotel y casino Status, el más grande de Tierra del Fuego.

En la causa, iniciada por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, está probado que Boudou voló el 17 de diciembre de 2011 desde Aeroparque a Necochea en un Learjet 60, matrícula LV-CRB, de la empresa “Alas del Fin del Mundo”.

En Necochea, Boudou se subió a un helicóptero Bell 407 Long Ranger, matrícula LV-CIB, de la empresa Ecodyma, que pugnaba por entonces por una obra gigantesca en el puerto de Necochea. En ese vuelo, piloteado por el director de la firma familiar, Marcelo Scaramellini, Boudou estaba acompañado del entonces intendente de Necochea, Horacio Tellechea, tristemente famoso por haber inaugurado una pelopincho. Fueron hasta el “Parque Lilio” para lanzar la temporada de 2012. Horas después, el vice regresó en el avión de Alas del Fin del Mundo a Buenos Aires.

Según el fiscal (el mismo que fue apartado por la presión de vice del caso Ciccone), ya está acreditado en la causa que por los vuelos “no se realizó pago alguno por parte de los funcionarios públicos Boudou y Tellechea (...) como tampoco por parte del Estado Nacional, Provincial ni Municipal”.

Rívolo pidió que Boudou y Tellechea declaren por el delito de dádivas, que tiene una pena de un mes a dos años. Por ese mismo delito está por ser juzgado el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. En cambio, Scaramellini y Natale deberían declarar por el segundo párrafo del artículo 259, que castiga al que “presentare u ofreciere la dádiva”.

Allegados a Scaramellini destacaron anoche que la Cámara Federal ratificó su calidad de testigo en la causa. Y advirtieron que el viaje que realizó tenía un costo “insignificante de apenas 8 dólares”.
El planteo lo elevó el abogado Juan Ricardo Mussa para que se obligue a la Presidenta a mostrar el analítico. De no ser abogada, habría "cobrado sueldos del Estado más de 20 años de forma absolutamente irregular", advirtió.

La polémica por el título de abogada de la presidenta Cristina La Muchacha Progre, que comenzó hace años, fue reimpulsada en los últimos días por el abogado Daniel El Sabueso Sabsay quien, desde el Coloquio de IDEA, manifestó dudas sobre la "exitosa abogada". Tras una series de duras respuestas desde el Gobierno contra el constitucionalista, ahora se suma una denuncia ante la Justicia para forzar a la mandataria a mostrar la titulación. Se trata de una acción penal elevada por el abogado Juan Ricardo Mussa quien busca que se obligue a Cristina a mostrar el analítico.

"Ante la situación creada por la Presidente de la Nación, Sra. Cristina Fernández de Kirchner, donde siempre nos dijo que fue una abogada exitosa, por esta situación le solicito a V.S., dejar en claro la investigación de la existencia del analítico y su correspondiente título profesional", consigna el escrito presentado por el abogado ante el juzgado federal Nº6 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Luis Osvaldo Rodríguez.

La denuncia señala que Cristina está acusada de los delitos de "jactancia, configurativa del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación Ilícita, dado que si la apreciación buscada es que no existe el titulo, ha cobrado sueldos del Estado más de 20 años de forma  absolutamente irregular". "La soberbia y la arrogancia son valores que no suele ser muy bien visto dentro de la sociedad y por las personas en general".

El abogado pide a su vez "la declaración testimonial al Rector de la Universidad a la que supuestamente participó en la confección del analítico y correspondiente título profesional a nombre de la Cristina Fernández".

Mussa presentó en los últimos años varias denuncias relacionadas con casos de corrupción y administración fraudulenta contra funcionarios del Gobierno nacional.
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El índice de trabajo informal marca ya el 46,8%. La cifra surge del total de ocupados, sean asalariados o independientes. Entre los jóvenes el trabajo en negro llega al 61,6%. Los números surgen del calculó realizado por la Organización Internacional del Trabajo basándose en datos del Indec. Costa Rica es el país con el índice más bajo, con el 30,7%, y el problema reviste la mayor gravedad en Guatemala, con una tasa del 73,6%. Uruguay, vecino de Argentina, tiene apenas un 33%
 y el otro vecino: Brasil, tiene un 36%.

La informalidad laboral afecta al 46,8% de los trabajadores en la Argentina, y la tasa trepa al 61,6% si se considera sólo el segmento de los jóvenes de entre 15 y 24 años. Los índices, correspondientes a 2013, surgen del conjuntototal de ocupados (asalariados y cuentapropistas), están en un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y fueron elaborados sobre la base de información de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

El porcentaje total implica que unos 7,2 millones de trabajadores de las áreas urbanas del país trabajan sin acceso a los derechos de la seguridad social. El informe titulado "Transición a la formalidad en América latina y el Caribe"fue difundido ayer en esta ciudad, en la segunda jornada de la 18» Reunión Regional Americana del organismo, que integran funcionarios de gobiernos, sindicatos y empresas.

La tasa de informalidad de la Argentina coincide con el índice promedio de América latina y el Caribe, y si bien es elevada, tuvo un descenso desde 2009, cuando era del 49,2%. En el período, sin embargo, no se registró un alivio en la tasa de informalidad del empleo juvenil.

Según la OIT (que basa sus estudios en los relevamientos oficiales), Costa Rica es el país con el índice más bajo, con el 30,7%, y el problema reviste la mayor gravedad en Guatemala, con una tasa del 73,6%. La problemática del trabajo fuera de la ley es un tema protagónico en este encuentro, al que asisten 19 ministros de Trabajo -entre ellos, Carlos Tomada- y más de 500 funcionarios y dirigentes de 33 países.

La informalidad está estimada para el universo total de asalariados e independientes. Respecto del primer grupo, en el caso de la Argentina, el Indec difundió días atrás que la falta de aportes afecta al 33,1 por ciento de los trabajadores. El organismo de estadísticas no difunde, en sus informes periódicos, cuántos cuentapropistas no hacen contribuciones a la seguridad social, pero esos datos están en la encuesta permanente de hogares (EPH) y les permiten a los especialistas calcular la tasa de irregularidad en ese grupo de trabajadores.

Es un índice que sí difunde, por ejemplo, el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA): con base en un relevamiento propio, esa institución educativa informó que en 2013 un tercio de los asalariados y siete de cada diez cuentapropistas no tenían aportes; así, el índice general de informalidad resultó de 49%, un nivel algo superior -pero no muy diferente- al informado ahora por la OIT.

En el promedio de la región, un 33,7% de los dependientes está en vínculos irregulares, mientras que el 82,3% de los cuentapropistas trabaja sin protección social. Así lo indicó, en una charla con periodistas, el especialista en el tema de la oficina regional de la OIT, Juan Chacaltana.

Este problema, que desafía a adoptar estrategias desde varios ángulos, es más grave entre los pobres y entre quienes tuvieron una menor formación educativa. En la Argentina, entre las personas ocupadas que sólo accedieron, como máximo, a la escuela primaria, la informalidad es de 64,8%, mientras que la tasa es algo inferior a un tercio entre quienes lograron llegar a una educación de nivel superior. Otro segmento de alta vulnerabilidad es la microempresa (1 a 10 empleados), en la que en la Argentina hacen tareas tres de cada diez informales.

El informe regional destaca que todos los países (salvo Honduras y México) tuvieron alguna mejora desde 2009: en el promedio, se cayó de 50,1 a 46,8 por ciento. Sin embargo, ahora preocupan los efectos que tendrá la desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía o incluso, como en el caso argentino, la recesión. La marcha de la economía en todo el mundo, y en particular en la región, despertó señales de alerta en el ámbito laboral, y así lo hizo notar aquí el director general de la OIT, Guy Ryder, que en más de un discurso se refirió a ese tema.

"El proceso de crecimiento de la última década ayudó a formalizar trabajadores, pero ello ocurrió también porque hubo voluntad política para aplicar medidas", afirmó de todas maneras Chacaltana. Explicó que enla última conferencia internacional del organismo tripartito comenzó a hacerse un trabajo que podría terminar en una declaración o recomendación a los países miembros (eso se conocería sólo a mediados del año que viene) sobre las estrategias para mejorar la situación en tiempos no tan buenos. "Se estima que en esta década se crecería, cada año, dos puntos porcentuales menos respecto de la década pasada", dijo el especialista.

Chacaltana, que presentó la visión de la OIT sobre el tema junto con Fabio Bertranou y Linda Deelen, de las oficinas de la Argentina y de Chile, respectivamente, destacó la recomendación de tener un enfoque integrado al diseñar estrategias contra la informalidad e identificó cuatro aspectos a considerar: la productividad, las normas, los incentivos y la fiscalización. El informe menciona algunas políticas decididas por países de la región en los últimos años; se refiere, por ejemplo, a un sistema de sustitución de multas por capacitación para pequeñas empresas instrumentado en Chile y a la recientemente aprobada ley de promoción del empleo registrado en la Argentina, que entre otros puntos reduce las cargas sociales y tributarias para pequeños empleadores.

El informe recomienda el camino de simplificar normas y pagos. Y en ese sentido, cuenta experiencias de la Argentina, Brasil y Uruguay. En el caso de nuestro país, el esquema relatado es el del monotributo, que permite a independientes de hasta cierto nivel de ingresos hacer un pago mensual para cubrir obligaciones impositivas y acceder a los servicios de salud y jubilación futura.

Sin embargo, esos esquemas representan un desafío en cuanto a su sustentabilidad, porque prometen prestaciones sobre la base de aportes más bajos que los requeridos. Según Bertranou, dada tal dificultad, la idea no es promover que ese tipo de sistemas se mantengan para toda la vida laboral de un persona, sino que sean un puente hacia una situación laboral que garantice el mejor acceso a los derechos.